En México, defensores de derechos humanos ponen en peligro diariamente su vida al buscar la justicia, debido a que no cuentan con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física.

La actividad cotidiana los orilla a asumir el reto de vencer o morir, al toparse con la represión oficial, la impunidad y la corrupción que impera entre las fuerzas de seguridad en todo el país.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales denuncian que en Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de las garantías individuales.

“Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas”, advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.

En octubre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) emitió un reporte sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en este país, en el que advierte:

“El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”.

El documento señala que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se han denunciado más violaciones contra los defensores de garantías en el país.

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, explica que su labor se vio mermada desde que el gobierno federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. “Derechohumanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país.”

Esta situación ha obligado a un gran número de luchadores sociales a abandonar las ciudades donde vivían, luego de recibir amenazas de muerte.

Con información de corresponsales