Luego de una ceremonia luctuosa en la plaza del periodista, decenas de comunicadores se trasladaron en caravana hasta las instalaciones de la la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte y después a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta frontera, para entregar una carta abierta que elaboraron los periodistas de El Diario y que fue aprobada por otros comunicadores.

Durante el evento, la señora Blanca Martínez, viuda del periodista, denunció que aparte del homicidio de su esposo, ahora padece la discriminación del dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que un médico había definido que era un accidente de trabajo, pero fue cambiado por las instancias administrativas que acordaron que fue un accidente en trayecto de trabajo, lo cual le da una categoría diferente al caso y no le hace justicia a Armando.

"Fue malo que hayan matado a mi marido, pero peor aún es que las autoridades no toman el caso en serio, porque a la ausencia de justicia jurídica se anexa la ausencia de justicia social con el manipuleo que hace el IMSS", dijo Blanca Martínez, también comunicadora.

Afirma que tuvo que aceptar forzada la pensión de viudez y orfandad como si fuera accidente en trayecto de trabajo, pero necesita cambiar el estatus, no porque le represente más dinero, sino por hacer justicia a su marido que salía de la casa, dejaba a sus hijos y minutos después estaba en su centro de trabajo.

En el marco del evento fueron colocados posters con copias de primera plana de El Diario en las que aparecen notas de Armando Rodríguez, y por alguna de esas informaciones lo mataron, dijo Pedro Torres Estrada, subdirector editorial del matutino.

Sobre el caso el gobernador José Reyes Baeza Terrazas dijo que se espera que en breve se emita la respectiva orden de aprehensión contra el autor material del crimen y contra varias personas que se vieron involucradas.

"Desde apenas semanas después del problema, se tuvieron informes muy valiosos y se compartieron con la Procuraduría General de la República; yo lo traté ahora con el nuevo procurador, Arturo Chávez Chávez y la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada es la que lleva la indagatoria sobre la autoría intelectual", dijo el gobernador.

CARTA DE LOS PERIODISTAS

En el evento en la Plaza del Periodista, Martín Orquiz, reportero de El Diario, leyó la carta a nombre de los periodistas locales.

La carta expresa que "hace un año, entre el llanto que nos causó el cobarde asesinato de nuestro compañero reportero José Armando Rodríguez Carreón, directivos y periodistas de El Diario recibimos el ofrecimiento de diversos funcionarios estatales y federales de que se haría justicia".

Movidos por la oportunidad de quedar bien, diversos jefes policíacos y servidores públicos de alto nivel se rasgaron las vestiduras ofreciendo una justicia enérgica, expedita y eficiente, agrega.

"Pero igual que ha sucedido en muchos otros casos, hasta la fecha no han cumplido su ofrecimiento y el homicidio del reportero -miembro de esta redacción que continúa enlutada- sigue impune y sin que se conozca quién lo mató ni quién mandó matarlo", afirman en la carta.

Agregan "peor aún, ha habido más periodistas muertos en el estado y lo mismo que en el caso de Armando Rodríguez, tales agresiones se encuentran sin castigo y en estos 365 días no se ha logrado ningún avance en el esclarecimiento del caso de nuestro compañero, pues no existe fruto de ningún trabajo de investigación. Ante eso tenemos que decir lo siguiente: la impunidad mata y la tolerancia también".

"Los ciudadanos ven aterrorizados cómo sus bienes y sus preciados derechos están siempre amenazados por los delincuentes, esto bajo un constante baño de sangre y si un año atrás las autoridades no podían con el encargo que les fue encomendado, hoy se hallan plenamente rebasadas junto con el Ejército y los miembros de las fuerzas federales, mientras que el primero se ha ensañado con la ciudadanía y los segundos han aprovechado su labor para robar a los juarenses", expresa.

Señala también que "los ciudadanos son víctimas de extorsiones y de despojos, y si se niegan a entregar su dinero a las bandas delictivas, sus negocios son quemados y ellos asesinados impunemente. En grandes sectores de negocios, los empresarios tienen la obligación de entregar "cuotas" a los criminales".

"Las familias juarenses han atestiguado y han sido víctimas de más de tres mil 800 asesinatos en 22 meses continuos, muchos de ellos de gente inocente, mismos que han cometido las bandas del narcotráfico", indica.

Dice también que las autoridades paseñas estiman que más de 120 mil personas que vivían en Ciudad Juárez se refugiaron en El Paso y otras ciudades vecinas de Estados Unidos, donde generaron un boom económico con sus negocios y su trabajo.

Enseguida expresa que de hecho, hoy los comunicadores enfrentamos el reto, más grande aún, de mantener nuestro trabajo con independencia y con el debido cuidado para que nuestro quehacer no llegue a ser usado por los grupos criminales.

cg