"Se encontró una granada RPG-7M, que es un dispositivo de alto poder explosivo. Es lanzada con un fusil especial lanzagranadas y tiene un área de influencia de 25 a 35 metros", explicó a la prensa el portavoz de la Policía Nacional, Orlín Cerrato.

Los vecinos de la colonia Miraflores, al oriente de la ciudad, escucharon dos fuertes explosiones alrededor de las 23:30 hora local de ayer.

En la mañana de hoy, un vecino encontró junto a una residencia y a un terreno baldío una parte de la granada, la que contiene los dispositivos de iniciación y de propulsión, y la llevó en un vehículo particular a los miembros del Ejército que custodian un almacén de material electoral situado a más de un kilómetro del lugar.

Por esa razón, algunos medios de comunicación informaron en un principio de que el ataque se había llevado a cabo contra esas instalaciones, empleadas por el Tribunal Supremo Electoral para guardar las papeletas de los comicios del 29 de noviembre.

Cerrato explicó que las dos explosiones que oyeron los testigos se debieron a que el lanzamiento de este tipo de explosivo, para lo que se precisa de un lanzagranadas, "provoca una explosión al momento que se percute y otra cuando hace contacto con el blanco".

"Es un arma que está diseñada para vehículos blindados, tanques, lo que hace que un vehículo le hace fisura y proyecta toda la presión dentro del vehículo", detalló por su parte un miembro del Cuerpo Antibombas de Honduras que pidió el anonimato.

Esta fuente indicó que la granada, que pudo haber sido lanzada desde una distancia de hasta unos 300 metros del objetivo, es de fabricación rusa.

En las dos últimas semanas se han producido en Tegucigalpa otros tres ataques con explosivos, en los que tampoco ha habido víctimas: dos granadas lanzadas contra la emisora de radio HRN y contra una aseguradora y una bomba casera que detonó en unos baños públicos del centro de la ciudad.

Aunque todavía no ha sido detenido ningún sospechoso de estas acciones, algunos medios de comunicación las están atribuyendo a los afines al presidente depuesto Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio, que ha amenazado con boicotear las elecciones generales si este no es restituido y que han negado cualquier relación con los atentados.

"Todas estas acciones intuimos que están orientadas a provocar esa grave conmoción de intranquilidad entre la ciudadanía, un efecto psicológico, con el objetivo de entorpecer este proceso" electoral, aseguró Cerrato.

jfra