A partir del viernes, los ex trabajadores disidentes del sindicato de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) serán considerados dentro del proceso de reclutamiento, selección y capacitación laboral con miras a ser recontratados, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

En la misiva de respuesta del subsecretario de Gobierno, Gerónimo Gutiérrez, al grupo disidente del SME, el funcionario reiteró su llamado al diálogo "a los liderazgos" que concurrieron a la reunión del 11 de octubre para avanzar en la instrumentación de acciones en beneficio de los ex trabajadores.

Ese día, el líder nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, acudió para reunirse con las autoridades federales, luego de declararse la extinción de LyFC.

En la carta de respuesta a los cinco puntos planteados por Alejandro Muñoz, dirigente opositor a Esparza, se establece que "el Servicio Nacional de Empleo será el encargado del reclutamiento, selección y capacitación de los ex trabajadores que podrían ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)".

Se explica que este punto es para responder al punto relacionado con el informe solicitado por los disidentes el 27 de octubre pasado con los perfiles y la cantidad de puestos para contratación en la empresa que brindará el servicio eléctrico en la zona centro del país.

"Le solicito entrar en comunicación con el Servicio Nacional de Empleo a través del subsecretario de Empleo y Productividad Laboral Jaime Domingo López", indica la carta de Gutiérrez fechada el 11 de noviembre.

La respuesta por escrito fue entregada a uno de los representantes de Muñoz, quien fue notificado que las reuniones con el subsecretario Domingo López se llevarán a cabo desde este viernes, probablemente en las oficinas de la Segob.

El 4 de noviembre, Muñoz entregó su pliego petitorio al secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, en un encuentro privado, por lo que una semana después se le respondió que se respetaría el derecho de jubilación de aquellos ex trabajadores que estuvieran a unos días de concretarlo, es decir, un periodo de unos 30 días.

Otro punto resuelto fue la extensión a un año de seguro social para aquellos que tramitaron su liquidación, así como sus familias.

"Además, existe plena disposición del gobierno federal para establecer un mecanismo de diálogo con los ex trabajadores jubilados del extinto organismo con el propósito de precisar las prestaciones y derechos de los que gozan a partir de la fecha de extinción del organismo", apunta la carta del subsecretario Gutiérrez.

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