Si las autoridades no generan los resultados que los ciudadanos esperan en el combate a la delincuencia y a la inseguridad, habrá que pensar en alternativas orgánicas y funcionales que permitan alcanzar esos resultados, incluso en proponer los cambios legislativos que sean necesarios, aseguró el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.

Al clausurar los trabajos del Congreso Nacional "Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta", recordó que el Estado está obligado a combatir la inseguridad de manera integral, atendiendo la prevención, investigación, persecución de los delitos, procuración e impartición de justicia, así como la efectiva ejecución de penas y readaptación social.

"El combate a la delincuencia y a la inseguridad es una tarea a cargo de las instituciones del Estado. Si éstas no generan los resultados que los ciudadanos -con todo derecho- esperan, entonces habrá que pensar en alternativas orgánicas y funcionales", destacó.

Ante el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Marcos Fastlicht, y el gobernador Fidel Herrera, dejó en claro que lo que es irrenunciable es la tarea de las instancias del Estado en la lucha contra el delito.

"Se trata de una tarea indivisible que obliga a la colaboración efectiva de todas las dependencias federales, de todos los órdenes de Gobierno y de todos los poderes".

Afirmó que la lucha por la seguridad y la justicia es una tarea tan importante que requiere de la indispensable y necesaria participación de la sociedad.

En efecto, prosiguió, la participación ciudadana es una de las claves con las que contamos para mirar con esperanza el futuro, porque la fuerza de la sociedad organizada es capaz de derribar los obstáculos más difíciles y de vencer hasta aquellos que parecían imposibles.

"No tenemos duda: la seguridad plena alcanzará cuando cada mexicano tome la decisión íntima de respetarse a sí mismo respetando al otro; cuando cada mexicano resuelve abrazar los valores esenciales de la convivencia social, poniendo por delante el apego a la ley, el sentido de pertenencia y la solidaridad", señaló.

Declaró que hoy se enfrenta el reto de renovar a fondo el Sistema de Seguridad y Justicia y generar así condiciones de paz, certeza, seguridad jurídica, prosperidad y justicia para todos.

"La inseguridad afecta, indudablemente, la calidad de vida de los ciudadanos, limita el desarrollo, destruye el capital social y significa una carga especialmente onerosa para los que menos tienen".

Señaló que el papel de los periodistas es informar, y su compromiso está, primero, con la noticia, sin duda alguna; mientras que la primera obligación de los servidores públicos de las instituciones de justicia y seguridad es proteger los derechos de las personas, su integridad y de la de sus bienes.

"De eso estamos claros. Sin embargo, existen aspectos de la convivencia social que nos comprometen a ambos para honrar responsablemente el compromiso de los comunicadores con la verdad, y propiciar, al mismo tiempo, la información completa y equilibrada que la sociedad necesita", destacó.

Aseveró que el gobierno de la República mantiene su firme convicción de la elevada trascendencia social del trabajo de los periodistas, y reconoce los riesgos que ésta lleva implícitos, por lo que está comprometido con la debida protección a sus actividades.

Como ejemplo puso que el periodista o comunicador tiene consagrado en la Legislación Federal el derecho a la reserva de la fuente, pues desde 2006 existe en la Procuraduría General de la República una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas

fml