La SIP señaló como los factores que ponen en riesgo dicha libertad ''la acción coordinada de gobiernos para controlar la prensa, el desprestigio al que los más altos funcionarios del gobierno someten a los medios de comunicación, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas''.

También mencionó ''la proliferación de mecanismos legislativos y arbitrarias decisiones judiciales que en un ambiente de debilitamiento de la democracia sirven para acosar... a periodistas y a medios de comunicación''.

Al término de su 65a asamblea general celebrada en Buenos Aires, la entidad expresó su ''desazón y preocupación'' por el asesinato de 16 periodistas en los últimos seis meses --ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador -- , ''la cifra más alta de los últimos años'', que atribuyó a la creciente inseguridad ciudadana.

Condenó también la permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba y remarcó la tendencia de algunos gobiernos de la región a emular en parte la campaña del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra la prensa.

Entre ellos, menciona la nueva Ley de Medios Audiovisuales ''promovida por el gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes'' y ''el proyecto de Ley de Comunicación del presidente Rafael Correa en Ecuador''.

Estas reformas legales --y otras iniciativas que buscan el control de los contenidos de prensa que han sido propuestas o se encuentran en discusión en Panamá, Colombia, Chile y Uruguay -- están a su vez relacionadas con ''la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder, que son utilizados como órganos de propaganda''.

La SIP también hizo hincapié en la discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial que hacen los gobiernos de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela y la ''paralización de proyectos de ley sobre el acceso a la información pública''.

Cómo único elemento destacable la entidad señaló la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias.

cg