A través de Santiago Domínguez Luna, secretario de Desarrollo Rural de esa organización, se planteó la necesidad de que los diputados y senadores autoricen para ejercer en el 2010 un presupuesto para el Programa Especial Concurrente (PEC) de 268 mil millones de pesos y no los 237 mil 200 millones de pesos que propuso el gobierno federal.

Domínguez expuso en conferencia de prensa que en materia de presupuesto es notorio que existe un gran desequilibrio social se le da mayor importancia,, por ejemplo al programa Oportunidades de combate a la pobreza que al gasto productivo y para la competitividad. "No nos oponemos que se dé a lo primero, pero si sería conveniente que se iguale con lo segundo".

En tal sentido, la CCC plantea la creación e instrumentación de una reserva estratégica de granos básicos, así como incorporar en la Constitución al ejido como patrimonio familiar, un fondo de compensación para reducir las asimetrías del sector agropecuario y el reconocimiento de las organizaciones campesinas como entidades de interés público.

Paralelamente, Domínguez señaló que se debe fortalecer el Programa Nacional de Vivienda Rural con 3 mil millones de pesos, fortalecer los organismos financieros rurales de los campesinos que permita el acceso al financiamiento, crédito y microcrédito.

"El 70% del territorio nacional no cuenta con servicios financieros de ningún tipo, por lo que es necesario impulsar los programas de proyectos de la reforma agraria, transformándola en la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural", propuso.

Resaltó que para la CCC "la política pública que impulsa el modelo actual de gobierno es excluyente, mal dirigida, ineficiente, costosa, discriminatoria, complicada, burocrática, está diseñada sólo para la aplicación de programas electoreros, con normas y reglas de operación inoperantes, concentra la riqueza en pocas manos, promueve la desorganización de los campesinos y los trabajadores como resultado tangible del desempleo".

De ahí, mencionó que en el campo mexicano se requiere una política pública donde se incluya a todos, que esté dirigida esencialmente a solucionar los grandes rezagos e impulse el crecimiento y el desarrollo económico, que genere empleos, que distribuya la riqueza de forma equitativa, se impulse la organización económica y social y proteja, así como que administre sustentablemente los recursos naturales.

jfra