La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Reyes Ferriz, por el caso de siete menores de edad repatriados de Estados Unidos.

Ello debido a que los menores fueron sometidos al Programa de Atención a Menores Repatriados, e internados indebidamente por funcionarios de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal en la "Escuela de Mejoramiento Social para Menores, México" , lugar destinado para alojar a menores infractores.

Según la recomendación 74/2009, durante los días 6 de enero de 2007 y 21 de mayo de 2008, siete menores de entre 15 y 17 años fueron repatriados a México por el gobierno estadunidense y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) .

Dicha instancia, a su vez, puso a los niños a disposición de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia de Juárez con la finalidad de procurarles el albergue que requerían mientras eran reintegrados a sus respectivas familias.

La CNDH informó que el 4 de junio de 2008 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua inició una queja de oficio por esos hechos y solicitó al presidente municipal de Ciudad Juárez medidas cautelares para reintegrar de inmediato a los menores a su seno familiar.

La medida fue aceptada el 12 de junio de 2008 y los menores fueron entregados a sus padres y/o tutores, a excepción de un joven de 17 años que al no haber sido solicitada su custodia por sus familiares fue enviado al albergue denominado Betel, A.C., donde continuó en tutela pública.

Sin embargo, la CNDH contó con elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos del niño, a la libertad, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica cometidas en agravio de los siete menores por parte de servidores públicos del DIF municipal.

Por ello, el organismo defensor solicitó a Reyes Ferriz se repare el daño ocasionado a los menores y a sus familias mediante apoyo psicológico, y dar vista a la contraloría municipal de Juárez para que investigue a los servidores públicos municipales que estuvieron involucrados en los hechos.

También se le pide dar vista al agente del Ministerio Público para que investigue la actuación de los servidores públicos del DIF local y determine si sus conductas fueron constitutivas de delito cometido en perjuicio de los menores agraviados.