El Gobierno del Distrito Federal presentará el lunes ante un juzgado en materia civil la demanda de extinción de dominio del Hospital Central de Oriente, relacionado con casos de venta de menores y abortos clandestinos.

La Consejería Jurídica del gobierno central y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) alistan los datos administrativos y la averiguación penal sobre el inmueble ubicado en calzada Ignacio Zaragoza 491, colonia Valentín Gómez Farías, delegación Venustiano Carranza.

De acuerdo con datos de ambas dependencias, el predio presenta irregularidades ya que además de los delitos con los que se vincula al personal que ahí laboraba, tiene adeudos que incluso derivaron en un procedimiento de embargo.

El adeudo por concepto de agua del inmueble suma cinco millones 473 mil 956 pesos y el del predial, 246 mil 125 pesos.

De igual forma, el inmueble registra un adeudo de 380 mil 27 pesos en materia de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según información del gobierno local, el nosocomio funcionaba desde el 17 de abril de 1972, aunque surgió como una empresa inmobiliaria y de equipamiento de consultorios y clínicas con razón social Inmobiliaria Zaragoza.

El 4 de octubre de 2002 cambió su razón social a la de Hospital Central de Oriente donde se ofrecían servicios médicos, atención al público en varias especialidades, desarrollo hospitalario de urgencias, clínica y procedimientos ambulatorios.

El propietario es el médico Víctor Manuel Mancera González, quien se encuentra arraigado luego de ser identificado como líder de una banda implicada en tráfico y sustracción de menores, y práctica de interrupciones de embarazo clandestinas.

Para sustentar la demanda de extinción la PGJDF integra los elementos de prueba que permitan demostrar que el personal que ahí laboraba lo utilizó para la comisión de los actos ilícitos de tráfico de infantes y delincuencia organizada.

El procurador capitalino, Miguel Angel Mancera Espinosa, informó en su oportunidad que la administración local pretende que el referido hospital se integre a la red de hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Además se solicitará el procedimiento de extinción de dominio para un inmueble ubicado en la calle 35 número 9, en la misma colonia, y cuyo propietario también es Mancera González.

Las investigaciones señalan que el segundo inmueble está implicado de la misma forma en la práctica de abortos clandestinos, atención ilegal de personas con heridas de bala y venta de medicamentos controlados.

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