Fue necesaria una redada masiva a un despacho fiscal de Colorado que atendía a inmigrantes para descubrir un delito de robo de identidad, y las autoridades requirieron los miles de documentos confidenciales que confiscaron para construir su caso, dijeron abogados representantes del condado de Weld.

Los abogados están pidiendo al Tribunal Superior de Colorado que anule el fallo de una corte menor que detuvo una investigación de robo de identidad, que los fiscales dijeron podría llevar hasta mil 300 presuntos inmigrantes ilegales que son acusados. Los fiscales argumentaron que los documentos fiscales probaron que esos inmigrantes estaban trabajando con nombres o números de la Seguridad Social falsos o robados.

Pero un abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) , que demandó con éxito al condado de Weld este año para evitar que el fiscal de distrito presentara más casos, argumentó que las autoridades violaron la privacidad de la gente cuando inspeccionaron hasta 5 mil documentos fiscales confidenciales sin tener los nombres específicos de los sospechosos.

Un juez estuvo de acuerdo con la ACLU y determinó que la orden de registro para inspeccionar los documentos fiscales carecía de causa probable y violó la privacidad de la gente. Otros tres jueces de distrito emitieron fallos similares en casos que también surgieron a partir de la investigación.

''Mire, no hay una manera amable de tipificar esta indagatoria. Esta es una clásica expedición para ver qué se pesca'', dijo Liz Harris, abogado de la ACLU.

En el centro del caso está decidir si las autoridades violaron la ley con sus métodos de investigación. También ilustra la dificultad de procesar los casos de robo de identidad, particularmente a través del uso de registros fiscales, los cuales son confidenciales bajo la ley federal.

Nadie pone en duda que algunos de los inmigrantes estaban violando la ley al utilizar identidades falsas para trabajar.

Michael J. Rourke, un abogado representante del condado de Weld, señaló que era imposible para los investigadores ser más específicos en su solicitud de orden de allanamiento.

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