El secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Horacio Duarte, presentó, de manera oficial, la demanda en contra del presidente Felipe Calderón, y del secretario de Hacienda, Agustín Cartens, por permitir la participación de gobiernos extranjeros en varios bancos que operan en México, y no sólo en Banamex.

Horacio Duarte acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañado del director de controversias del Senado, Leonardo Contreras, y del abogado Pedro Nava Malagón, quien fuera el titular del área de juicios de controversias constitucionales de la propia Corte y quien fue contratado por los legisladores para encabezar el equipo jurídico que lleva este caso.

En su demanda, los legisladores alegan que el titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, violó la Constitución al no respetar la prohibición que estableció el Congreso, en particular en el artículo 13 de Ley de Instituciones de Crédito, para que los gobiernos extranjeros no puedan ser dueños de bancos que operan en México.

En opinión de los senadores el Presidente de la República se extralimitó y ejerció facultades que no tiene, y que sólo le competen al Congreso, al avalar que gobiernos extranjeros participen en el capital social de instituciones o agrupaciones financieras que operan en México.

La discusión en torno a este caso inició a finales de marzo cuando el gobierno de Estados Unidos, como parte del rescate financiero que realizó en su país, adquirió parte de Citigroup, que a su vez es propietaria de Banamex.

Con esta medida, en la práctica, el gobierno de Estados Unidos obtuvo también una participación en Banamex, por lo que los legisladores le pidieron a la Secretaría de Hacienda que interviniera para evitar esta situación.

Sin embargo, Hacienda avaló la medida, por lo que los senadores decidieron promover un juicio de controversia constitucional, pero no sólo por el caso Banamex, por estimar que otros bancos también se encuentran en esta misma situación.

Una vez presentada la demanda, el presidente de la Corte la tiene que turnar alguno de los ministros para que este decida si la admite o no a trámite, lo cual normalmente ocurre sin ningún problema, salvo que el juicio sea notoriamente improcedente.

fml