El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, adelantó hoy que no dará su aval al "Gobierno de Reconciliación y Unidad" , que debe estar constituido el jueves, si no ha sido restituido antes en el poder, decisión que debe adoptar el Congreso según el Acuerdo Tegucigalpa-San José.

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad sólo se puede formar si nosotros estamos de acuerdo, si nosotros no estamos de acuerdo no hay Gobierno de Conciliación y Unidad" , afirmó a Efe en conversación telefónica Zelaya, quien aseguró que consideraría roto el pacto si no es restaurado.

El gobernante depuesto aseguró, además, que si no se siente satisfecho con la aplicación del pacto, lo que para él incluye estar de vuelta en el poder el jueves, fecha límite para instalar el Gobierno de Unidad, daría por roto el tratado.

"Yo soy una de las partes del acuerdo. El acuerdo se hace por dos partes, los acuerdos comulgan con la conciliación de dos partes, si una de las partes siente que le están haciendo una trampa, el acuerdo se rompe", indicó Zelaya desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde el pasado 21 de septiembre.

El punto del acuerdo referente a la restitución de Zelaya ha provocado diferencias de interpretación entre éste y el Ejecutivo de facto, pues mientras el primero considera que debe estar restaurado en la Presidencia el jueves, el segundo considera que no es así.

Otra desavenencia a este respecto es que, para el mandatario depuesto, según dijo a Efe, las dos partes acordaron solicitarle al Legislativo que dictamine su regreso al poder, mientras que el Gobierno de facto asegura que no hay tal recomendación.

El documento dice textualmente: "Ambas comisiones negociadoras (la de Zelaya y la del presidente de facto, Roberto Micheletti) hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional (...) resuelva en lo procedente en respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio" , fecha del golpe de Estado contra Zelaya.

Para el presidente derrocado, "el lenguaje que se buscó es un espíritu de conciliación" y que "la redacción de pedirle al Congreso con respeto que retrotraiga la situación es decirles: 'señores, con todo respeto, vuelvan al Estado de Derecho y dejen la ilegalidad".

"Eso es una solicitud que se ha hecho de ambas partes" , añadió.

Sin embargo, el Gobierno de Micheletti ha indicado en un documento distribuido a la prensa que "el acuerdo no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso" .

fml