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El Estado mexicano sigue sin poder garantizar el ejercicio a la libertad de expresión, además de que la "impunidad se va consolidando", coincidieron las organizaciones Article19 y el Centro Nacional de Comunicación Social.

En la presentación del informe trimestral "Agresiones contra la libertad de expresión en México 2009", destacaron que en este periodo se contabilizaron 59 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.

De acuerdo con el recuento de esas organizaciones, en lo que va del año se presentaron 201 agresiones.

"Sigue sin haber investigación y sanción a los responsables de estos crímenes, lo que continúa alimentando la impunidad que rodea a las agresiones a la libertad de expresión".

En la evaluación, destacan tres nuevos casos de asesinatos de periodistas, que arrojan una cifra provisional de 8 asesinatos en 2009.

Desde el inicio de la administración del presidente Felipe Calderón suman ya 19 asesinatos, de los cuales cinco se produjeron en 2007 y seis en 2008.

Además, ocho periodistas continúan desaparecidos desde el año 2000.

"Resulta grave que sean mayoritariamente las propias autoridades quienes violenten este derecho. Grave, el abuso de autoridad, el intento por legitimar la violencia y el silencio institucional ante dicha violencia; grave, una democracia sin demócratas", sostiene el informe.

"El Estado tiene muchos pendientes en cuanto a garantizar el derecho a expresarse, la gran pregunta es en qué momento decidirá atenderlos y por qué".

A ocho meses de que México recibió ocho recomendaciones por parte de Naciones Unidas, ambas organizaciones enfatizan la necesidad de que el Estado ponga en marcha las medidas para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación.

De la misma manera, garantizar su seguridad, en especial en el desempeño de sus funciones profesionales y, particularmente, la de los y las periodistas que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y corrupción.

En el documento de 20 cuartillas, señala que el asesinato constituye la agresión más contundente y uno de los indicadores de violencia que permite entender el contexto en que periodistas, comunicadores y comunicadoras ejercen su trabajo.

Más importante aún, por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, sirve también para medir la calidad democrática y el respeto al Estado de derecho.

fml