El grupo de abogados señaló que el decreto emitido por el presidente Felipe Calderón "está fundado y motivado de manera exhaustiva y adecuada, por lo que la barra mexicana no encuentra motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad en el decreto".

Para el organismo, que concentra a los abogados más influyentes en el país tanto en el sector público como en el privado, ya se cuenta con criterios judiciales sobre este tipo de asuntos por lo que llamó a los inconformes a respetar el fallo de los tribunales, en caso de que se presenten controversias.

El organismo establece que los tribunales federales han sostenido que la extinción de todo organismo público descentralizado implica la imposibilidad jurídica y material pata continuar el vínculo laboral y a partir de la fecha de entrada en vigor de la medida los trabajadores no podrán continuar prestando servicios toda vez que el centro de labores no puede seguir operando por causas ajenas a la voluntad de las partes, como adecuadamente se hace en el caso de LyFC.

El comunicado menciona también que el decreto señala que se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores lo que implica que las indemnizaciones se cubrirán conforme a la ley, por lo cual se concluye se ha procedido en el caso de los electricistas con apego a la norma constitucional y a las leyes, de acuerdo con la barra mexicana Colegio de Abogados.

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