josé.mejia@eluniversal.com.mx y julian.sanchez@eluniversal.com.mx

La exigencia de presentar un informe de los perfiles y la cantidad exacta de vacantes para la contratación en la nueva empresa que brindará el servicio eléctrico, así como el inicio de un proceso de recomendación de personal, son parte de los demandas que presentará Alejandro Muñoz, opositor al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En la carta, que será entregada este martes al titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, se establecen cinco puntos fundamentales para solicitar formalmente que se reanuden las mesas del diálogo con los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), donde también destacó la petición de "reinstalar al mayor número de trabajadores que sea posible".

Otra de sus exigencias es que los ex trabajadores reciban una extensión a seis meses de los servicios de salud del IMSS, ya que el Acuerdo Nacional para la Economía Familiar y el Empleo, anunciado el 7 de enero, estableció dicha prórroga.

En otro punto, Muñoz, quien la mañana de este lunes comentó que se mantenía como tesorero del SME, aunque ha sido desconocido al interior del mismo, solicitó que sea recibida la representación formal de los jubilados del SME, con el fin de que reciban una explicación sobre las prestaciones y derechos que tienen a partir de la liquidación de la empresa.

Muñoz insistió la mañana de este lunes en reanudar el diálogo con la Segob, porque cuenta con la llamada Toma de nota, es decir, con el recurso que le otorga como representante legal, por lo que demandó también la devolución de los recursos correspondientes al seguro sindical, "ya que se trata de sus aportaciones".

En el texto, se subraya que persisten "diversas dudas entre los trabajadores activos y jubilados, las cuales, deben ser aclaradas, con el fin de permitir el tránsito hacia nuevas y mejores alternativas de trabajo".

Otra exigencia es incluir dentro del paquete de trabajadores jubilados al personal en activo que cumplía con los requisitos para acceder a una jubilación y pensión, según una de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y todos aquellos que se encontraban en un plazo menor a seis meses para iniciar dicho trámite.

"Para nosotros es de vital importancia buscar alternativas que permitan revertir el daño que se generó con la liquidación de LyFC y consideramos que es responsabilidad del gobierno, no desamparar a los afectados", apunta el documento.

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