El Congreso de Baja California Sur analiza la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de despenalizar el aborto en la entidad.
En sesión del Congreso del estado, la diputada Graciela Treviño Garza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 249, entre otros, así como una adición a la Ley de Salud en BCS, con lo que se concedería a la mujer el derecho de decidir si aborta o no en las primeras 12 semanas del embarazo, y se reducirían las penas para aquellas que lo realicen después de este periodo.
Las modificaciones buscan tipificar el aborto como "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación", además de establecer que para los efectos del propio código "el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio".
"Al existir el plazo de las doce semanas para que la mujer pueda ejercer su derecho a la libre decisión, a menos que aplique una causal legal debe castigarse a quien realice una interrupción después de ese plazo", expresó la diputada perredista.
Consideró que ninguna mujer debe ir a la cárcel porque se encuentre en la circunstancia de "tener que decidir interrumpir el embarazo", por lo que la iniciativa incluye que se reduzca la pena actual a una pena de dos a seis meses de prisión conmutable por trabajo en favor de la comunidad de entre 30 y 100 días.
Treviño Garza recalcó también que la reforma propuesta tiene un carácter ponderado y que "atiende al principio de razonabilidad", dado que la vida en gestación sigue recibiendo la protección de la ley penal, al tiempo que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer, argumentó.
"El Estado no puede imponer de manera indiscriminada una penalización de la interrupción cuando el embarazo produce, a juicio de la mujer, una afectación de modo sustancial en sus derechos fundamentales", añadió.
La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como a la Comisión de la Familia y Asistencia Pública para su análisis.
cgb