Representantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO, que protagonizaron el movimiento social de 2006, en Oaxaca, fueron recibidos por diputados del PRD en San Lázaro, quienes les ofrecieron que solicitarán juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz, a fin de que responda por el asesinato de 28 personas y el encarcelamiento de 250 opositores políticos.

El diputado Agustín Guerrero (PRD) informó a los disidentes oaxaqueños que en cuanto la Cámara de Diputados reciba la resolución de la Suprema Corte, en la que se señalan responsabilidades de Ulises Ruiz por violación de derechos humanos, solicitará la integración de la Comisión Jurisdiccional y de su Sección Instructora que dictamine una solicitud de juicio político al gobernador de Oaxaca.

"Vamos por el juicio político y la caída de Ulises Ruiz", dijo la diputada Leticia Quesada (PRD). Los hechos que investigó la Corte, así como diversos juicios anteriores por violaciones cometidas por el gobernador "no van a quedar en la impunidad", afirmó.

El diputado Guerrero dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá investigar las violaciones a derechos humanos de habitantes de Oaxaca.

Los legisladores ofrecieron a los disidentes oaxaqueños dar seguimiento en la Cámara de Diputados a las acciones que lleven al juicio político y que éste se traduzca en el retiro del fuero a Ulises Ruiz para que sea presentado ante un juez penal.

Este compromiso lo asumieron también los diputados perredistas Víctor Castro, Adán López, Rodolfo Lara y Rigoberto Salgado.

Alba Cruz, asesora Jurídica de la Sección 22 del SNTE, dijo que su organización insistirá en que se lleve a juicio al gobernador Ruiz; recordó que en 2007 fue presentada una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados, pero el entonces presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco, del PAN,  la rechazó hasta que la Corte se pronunciara. Y los tiempos, indicó, ya ocurrieron.

Gabriel López Chiñas, secretario de Organización la Sección 22, informó que llevarán a cabo movilizaciones a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, "para ejercer la presión necesaria" en el reclamo del juicio político.

"Somos 72 mil trabajadores de la Educación que no hemos olvidado el agravio, el daño que hizo el asesino Ulises Ruiz Ortiz contra el pueblo de Oaxaca.  El costo político fue de 28 muertos, sin que a la fecha haya responsables en la cárcel".

En cambio, agregó Gabriel López, se cuentan en más de 250 los militantes aprendidos y presos en Nayarit, y los agravios al pueblo no los olvidamos; los cometió Ulises Ruiz, pero también Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas, Bulmaro Rito Salinas, que son diputados como premio del gobernador.

La Movilización de la APPO está en marcha, y será el 23 de octubre, cuando de lleve a cabo una movilización para exigir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, expresó Gabriel López.

mma