Organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo de elevar a rango constitucional la prohibición del aborto, luego de que 16 entidades han hecho modificaciones a sus leyes locales para no permitir esa práctica.

Beatriz Benavente, diputada local en San Luis Potosí, señaló que se ingresó en ese estado el recurso de acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Artículo 16 de la Constitución local que prohíbe el aborto al reconocer la vida desde el momento de la concepción.

Al celebrar el acto de "Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí" , en coordinación con la Cátedra UNESCO y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, indicó que con tal reforma se deja abierta la puerta a una federal que avale la negativa a la interrupción del embarazo.

Toda vez que para ello se requiere de las tres cuartas partes del total de estados, y actualmente son 16 las entidades que han hecho reformas de este tipo en sus leyes estatales.

Explicó que San Luis Potosí es el segundo estado en recurrir a la acción de inconstitucionalidad para contrarestar tal modificación, luego de que Baja California fue la primera entidad que presentó este recurso, sin embargo ambos aún no han sido resueltos.

A su vez la directora del GIRE, María Luisa Sánchez, consideró que "son medidas absurdas pues no se puede comparar a una persona que tiene titularidad de derechos humanos a una que no ha nacido y que no sabemos si va nacer" .

La especialista en temas de equidad abundó que a las acciones promovidas por Baja California y San Luis Potosí se agregan las presentadas por el municipio guanajuatense de Uriangato y el queretano de Arroyo Seco.

Además, resaltó varios grupos de mujeres han interpuesto 600 amparos colectivos contra medidas antiaborto en los estados de México, Colima, Puebla, Jalisco, Yucatán, Guanajuato y Sonora.

El 19 de mayo el congreso potosino reformó el Artículo 16 de su Constitución mediante el cual reiteró que en esa entidad se reconoce la vida desde la concepción, por lo que quien se practique un aborto será sancionada de uno a tres años de cárcel y multa de 20 a 60 días de salario mínimo.

Por su parte, la directora general de IPAS, Rafaela Schiavon, puntualizó que la penalización no elimina el aborto y, por el contrario, incrementa el número de muertes de mujeres por realizar dicha practica de forma clandestina.

Refirió que en México ocho por ciento de las muertes maternas son producto de un aborto inseguro, además de que la clandestinidad de estás prácticas sólo contribuye a aumentar el riesgo en la salud, la infertilidad y el deterioro mental de la población femeninas.

Actualmente, abundó, al año 850 mil mujeres se practican un aborto en México, además de que 80 por ciento de quienes se lo hacen de forma legal se les otorga métodos anticonceptivos, mientras que sólo dos de cada 10 que lo realizan en la clandestinidad tienen acceso a ellos.

"No podemos tapar el sol con un dedo, hay una necesidad creciente de información, prevención y atención; es un tema de salud pública que se tiene que enfrentar en todos los niveles, educación, prevención y salud" , sentenció.

La experta destacó que actualmente 13 por ciento de las mujeres que mueren durante un aborto tienen menos de 18 años, además de que la vida sexual inicia a edades más tempranas pero sin información y falta de acceso a métodos anticonceptivos.

Sobre ello, Lucía Melgar, del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , dijo que con reformas que prohíben la práctica del aborto e impiden una educación sexual, se legítima la violencia contra la mujer.

Los grupos Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, Propuesta Cívica y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad se sumaron a la declaratoria y confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a su favor.

vsg