La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó la primera sesión de análisis del conflicto que se registro en Oaxaca, de mayo de 2006 a enero de 2007, en medio de la división y del enfrentamiento de las opiniones de sus ministros en torno a la posibilidad de declarar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales en este caso y de responsabilizar de las mismas, incluso, al gobierno del ex presidente Vicente Fox.

La discusión de este asunto, en el que la Corte ejerció la facultad que le confiere el artículo 97 de la Constitución para investigar violaciones graves de garantías, concluyó con la participación de apenas cinco de los 11 ministros del alto tribunal.

Al término de la primera jornada de discusión, que se prevé dure varios días, se generaron tres posturas.

La primera, originada por el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien propuso declarar la existencia de violaciones graves generalizadas de garantías individuales, pero pidió sólo responsabilizar de las mismas a mandos de las policías federales y estatales que tuvieron a su cargo los operativos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

La segunda, aunque con matices y diferencias, impulsada por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, en el sentido de responsabilizar al gobierno del ex presidente Vicente Fox de las violaciones de las garantías que sufrió la población, por no haber intervenido a tiempo con las fuerzas federales, y al gobernador Ulises Ruiz por agudizar el conflicto con un operativo fallido.

Y la tercera, impulsada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como un grupo subversivo, que pese a ello eran seres humanos y tenían derechos.

La discusión del caso continuará en la sesión de mañana, en la que se espera la postura de los otros seis ministros de la Corte.

fml