Exhortó al Ejecutivo a cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley.

"El gobierno federal es el responsable del desarrollo de la nación y el primer obligado al cumplimiento de la legislación laboral. Por ello es preocupante la percepción social de su recurrencia a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y permisivas a sus aliados, así como de su persistencia en sus afanes privatizadores respecto de las empresas públicas de la energía", señalaron los priístas.

Además, el PRI consideró que la medida "se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado, donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional... algunos de los problemas de LyFC fueron generados por el gobierno al diferir la inversión pública de esa empresa".

El PRI apuntó además que el atraso en tecnología y la obsolescencia de los equipos son resultado de esa limitante en materia de inversión.

"El propio gobierno ha mantenido una política de subsidios a los industriales para impulsar la competitividad, pero ha aumentado en forma desproporcionada las tarifas domésticas, afectando severamente los niveles de vida de las mayorías".

La fracción considera que no se puede atribuir al sindicato ser el causante de los problemas fundamentales que enfrenta la LyFC, "ni se puede reducir el problema de la empresa y su sindicato a las transferencias fiscales, tal como se enuncia en el Decreto".

El gobierno, apunta, está obligado a dar una explicación más amplia de su decisión con objeto de evitar que se escale el conflicto entre sindicato y gobierno.

En el pronunciamiento que contiene diez puntos, indica que el PRI luchará por modernizar y hacer más eficientes las empresas públicas, sin que esto signifique estrategias deliberadas para su desprestigio y eventual privatización. "Modernización sin privatización", señaló.

Además advierte que exigirá y vigilará que todas las medidas que se adopten al respecto, cumplan estrictamente con el espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, el cual establece que corresponde al Estado la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

El PRI convocó al gobierno federal, a los sindicatos y centrales obreras a respetar la ley y cumplir cada quien con su responsabilidad. La grave crisis económica y la delicada situación social, señala, no admiten confrontación o conflictos, sino actitud serena y entendimiento.

También reiteró su defensa del sindicalismo mexicano; dijo que ante los conflictos laborales, el gobierno debe ser un árbitro imparcial y mediador respetuoso de los derechos que en las instancias laborales se diriman, pero siempre tutelando a los trabajadores en cumplimiento de la Constitución General de la República.

Los priístas demandaron también la revisión de las formas en que el gobierno federal gestiona el sector eléctrico y sus resultados.

Asimismo opinó que el gobierno federal debe aclarar sus esquemas de formación de precios de los bienes del sector energético, en virtud de que las tarifas de venta de electricidad de la LyFC, incluyendo los subsidios, "son establecidos discrecionalmente y con criterios recaudatorios por la SHCP, ante su incapacidad para generar los ingresos recurrentes que requiere el sector público federal".

En el décimo punto señala que las difíciles circunstancias en que se expide el Decreto del Ejecutivo para liquidar LyFC, aconsejan evitar conflictos sociales y el uso de la fuerza pública, por lo cual se debe recurrir a medidas prudentes. La confrontación y el uso de la fuerza sólo pueden conducir a mayores problemas sociales.

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