La investigación es para saber si el gobernador de California cometió extorsión política al amenazar con vetar más de 700 leyes si los legisladores fallaran en alcanzar un acuerdo de reforma para los recursos hidráulicos del estado antes del lunes.

"Las amenazas renovadas del gobernador rayan peligrosamente en la extorsión bajo el código penal estatal y la constitución de California", respondió Torrico a Schwarzenegger.

El vocero del legislador Torrico, Jeff Barbosa, informó que su oficina ya envió la petición de investigación al procurador Jerry Brown con anotaciones al artículo 15 de la Constitución de California y al 85 del código penal estatal.

Schwarzenegger exigió la víspera que legisladores demócratas y republicanos se pongan de acuerdo para reformar la legislación del sistema de recursos hidráulicos, antes de la media noche del próximo domingo, cuando vence el plazo para presentar propuestas.

"En lo que estamos todos de acuerdo es en que la extorsión política no es aceptable como práctica en el este estado", respondió Torrico en documento enviado a Schwarzenegger.

Schwarzenegger dijo que si los legisladores no aprueban una iniciativa para el sistema hidráulico estatal "entonces vetaré muchas de sus leyes, muchas de sus iniciativas, así que ésto debiera
inspirarlos para terminar su trabajo y acordar sobre el agua para 50 millones de californianos que habrá en el futuro próximo".

"Yo le pediría al gobernador que consulte con su equipo legal antes de que continúe por este camino", agregó Torrico, "los electores nos eligieron para hacer leyes pero el gobernador olvida
que no está por encima de la ley".

El artículo 15 constitucional de California dice que "una persona que busca influenciar el voto o actuar sobre un miembro de la legislatura por soborno, promesa de recompensa, intimidación u otra actitud deshonesta, es culpable de un delito".

El artículo 85 del código penal estatal de California dice que "a toda persona que da u ofrece soborno a un miembro de la legislatura ( .) o a un funcionario público, o que amenaza o
intenta amenazar, tergiversar o suprimir la verdad para influenciar que un legislador de o retenga su voto, se le castiga con prisión de dos a cuatro años".

cgb