Ocho de ellas fueron llevadas a instalaciones militares para que confesaran haber cometido ilícitos como portación de armas prohibidas y tráfico de drogas, mediante golpes, toques eléctricos e intentos de asfixia con bolsas de plástico en el rostro.

Además, dichas personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial 24 horas después de su detención.

En la queja interpuesta ante la CNDH, el 9 de abril de 2009, los agredidos señalaron que los soldados ordenaron a mujeres y niños separarse de los varones, a quienes colocaron en el suelo boca abajo; los despojaron de identificaciones y pertenencias y los mantuvieron en esa posición por más de dos horas.

Después de que se les instruyó proceso y se les dictó auto de formal prisión, lograron mediante un amparo su libertad, por falta de pruebas.

Mediante un análisis de evidencias y declaraciones, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, previstos en la Constitución mexicana; además, se documentaron detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, atribuibles a servidores públicos de la Sedena.