El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como un retroceso que la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR argumentara tres años después que no tiene competencia para llevar el caso de las mujeres detenidas y vejadas en Atenco, por lo que será la procuraduría mexiquense la que continúe con las investigaciones.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, lamentó que antes de dejar el cargo María Guadalupe Morfín Otero determinó el 13 de julio que la "fiscalía no tiene competencia para conocer de las investigaciones en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir cometidos en el estado de México, por lo que no surte la competencia en razón del territorio ni en razón de fuero".

Morfin Otero anunció que buscará la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Arriaga Valenzuela y tres de las afectadas confiaron en que en breve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una opinión sobre este caso, ya que en las instancias nacionales es imposible lograr que se castigue a los responsables.

El 3 mayo de 2006 se disolvió una manifestación de floristas que apoyaban al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El saldo, más de 270 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron agresiones sexuales. Al día siguiente se registraron más hechos violentos.

En conferencia de prensa, el defensor de los derechos humanos reprobó el sistema faccioso del sistema de administración y procuración de justicia.

"Mientras que a muchas personas se les imputan delitos que no cometieron o les imponen las más severas penas a otros responsables graves de violaciones graves a derechos humanos se les exonera, lo que pone en evidencia esta situación tan lacerada de derechos humanos que vive el país", expresó.

La abogada Jaqueline Saenz señaló que con las acciones de la Fevimtra marca lo que será el destino de las investigaciones que ahora estarán a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Detalló que aunque una de las afectadas que reconoció a uno de sus agresores, éste sólo fue juzgado por actos libidinosos y no por violación y al no ser un delito no grave salió bajo fianza.
Edith Rosales, una de las 11 mujeres agredidas que son asesoradas por el Centro Prodh, reprochó que a tres años de los hechos violentos no se tengan resultados ni detenidos ya que se ha solapado a los policías de diversas corporaciones.

"Pasé un año y 10 meses detenida sin haber cometido delito y eso no se me hace justo", externó.

Italia Méndez, otra de las afectadas, aseguró que ahora tendrán menos posibilidades de obtener justicia, "ahora nos enfrentamos a una situación peor".

Claudia Hernández, quien fue detenida en San Salvador Atenco, criticó que en las entrevistas que tuvieron con la entonces fiscal demostró su desconocimiento del caso, además de que nunca tuvo un interés real en involucrarse.

Las afectadas aseguraron que las autoridades mexiquenses buscarán limpiar la imagen del gobernador Enrique Peña Nieto, que virtualmente se postulará a la presidencia.