Arturo Chávez Chávez, designado por el presidente Felipe Calderón como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), aceptó que en las investigaciones en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo errores, omisiones y negligencia.
En su primera intervención en reunión de trabajo con las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, con miras a su ratificación, aceptó que hubo estas prácticas en el actuar de cientos de agentes del Ministerio Público que estaban a su cargo, desplegados en todo Chihuahua.
"Es cierto, los hubo", aceptó, y dijo que por ello es necesario incrementar y tener más profesionalización para que estos errores, omisiones y negligencias no se presenten.
En ese sentido, Chávez ofreció redoblar los esfuerzos de la fiscalía para investigad delitos contra mujeres de la PGR, en esclarecimiento de crímenes pendientes de resolver, y estrechar esfuerzos con la ciudadanía, para evitar que sigan ocurriendo.
Dijo que encaró el problema con los instrumentos que en ese momento tenía la procuraduría estatal.
Explicó que en dos años y medio se hicieron las diligencias para atender todos y cada uno de los casos que se presentaron.
Informó que la procuraduría estatal de Chihuahua, responsable de la investigación y esclarecimiento, en 65 de 93 casos que se presentaron en ese lapso, cumplió con su obligación.
Ofreció cifras: fueron detenidos los presuntos responsables de 54 homicidios de los cuales 32 ya fueron sentenciados, y la resolución está en firme.
Además, 12 están en espera de sentencia y seis fueron mandados a tribunal para menores, mientras que cuatro están en etapa probatoria.
Adicionalmente en 11 casos se libraron órdenes de aprehensión que están por ejecutar.
Chávez dijo que en 28 casos no se ha podido identificar a la víctima o no se han tenido elementos para encontrar culpables, por tanto los expedientes están en la procuraduría estatal de Chihuahua.
El propuesto por el presidente Calderón adelantó que de ser ratificado actuará siempre con la visión del ciudadano.
Propuso tres ejes de trabajo: el rediseño de la institución, fortalecer la indispensable colaboración con otras instancias, y consolidar la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008.
Dijo que la justicia no tiene partido político, y obedece estrictamente a la ley y la Constitución; se dijo obligado a aplicar la ley sin partidismo ni tintes políticos.
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