Una de esas denuncias que integra la PGR fue presentada en octubre del 2008 por la organización ambientalista Greenpeace y el diputado local de extracción perredista Víctor Quintana Silveyra.

De acuerdo a informes proporcionados en la delegación estatal de la PGR, con sede en esta frontera, las nueve denuncias son del 2008 y están abiertas, ya que se integran los expedientes con ayuda de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.

Durante este año 2009 no han detectado sembradíos de productos transgénicos en el estado de Chihuahua, principalmente maíz, ya que las autoridades de agricultura se encargan de la vigilancia en los predios donde se detectaron en años pasados estos productos.

Los operativos especiales en este tema son coordinados entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Sagarpa y con la Secretaría de Salud y cuando detectan especies agrícolas no autorizadas que pudieran estar modificada genéticamente, solicitan a la PGR la investigación para deslindar responsabilidades.

Parte de las denuncias que investiga la PGR fueron hechas el 2008 cuando organizaciones campesinas como El Barzón, Frente Democrático Campesino, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Greenpeace recolectaron mazorcas tomadas de varios cultivos y las llevaron a la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para exigir que protejan al maíz mexicano ante la siembra de transgénicos traídos de contrabando de los Estados Unidos.

Al respecto, el diputado estatal del PRD, Víctor Quintana Silveyra dijo que los cultivos transgénicos tienen alto potencial para contaminar el maíz estatal que tiene cientos de años de antigüedad y está adaptado a las condiciones regionales.

Señaló que el riesgo es mayor debido a su polinización cruzada con otros cultivos; además, en México, los campesinos intercambian sus semillas para mejorar la siguiente cosecha, una costumbre que ha permanecido durante varios siglos, y sin saberlo, un campesino podría tener en sus manos semillas contaminadas.

Las corporaciones, como Monsanto, son propietarias exclusivas de la tecnología transgénica y pueden demandar al agricultor que tenga un cultivo contaminado aun cuando éste no tenga conocimiento previo, indicó.

"Una sentencia legal en contra de agricultores y a favor de Monsanto es de 412 mil dolares, en promedio y en una demanda judicial, la empresa ganó más de tres millones de dólares a un grupo de agricultores en Texas y a eso se exponen los agricultores", dijo Quintana, diputado y miembro del Frente Democrático Campesino de Chihuahua.

Afirma que la Unión Agrícola Regional de Productores (UNIPRO) de Chihuahua se ha dedicado a promover la siembra de maíz transgénico y ahora, que se ha detectado presencia de maíz transgénico en cultivos de la zona, evaden su responsabilidad.

cgb