El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT), informó lo anterior y señaló que los dos reporteros indiciados que fungían como corresponsales de periódicos de esta capital, no gozan del derecho a fianza por ser delito grave.

Los inculpados fueron señalados por los miembros de la delincuencia organizada, aprehendidos con anterioridad, de fungir como informantes del grupo criminal de Los Zetas.

De acuerdo con su declaración ministerial, Tejero Juárez, alias Lacho y Abreu Suárez, alias El Gordo, aceptaron los hechos, y declararon que Lázaro Tejero recibía una mensualidad de 60 mil pesos, de los cuales 20 mil pesos eran para él y el resto era repartido entre reporteros de los municipios de Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique.

Al abrirse el expediente penal 143/2009, se dio a conocer que estas personas están confesas, debido a que Lázaro Tejero admitió que uno de los lugartenientes de Los Zetas lo contactó para ofrecerle dinero a cambio de no publicar notas en contra de ellos y, en cambio, sí difundir sus actividades cuando ocurrieran.

Una vez que se cerró el trató, "Me dio 50 mil pesos diciéndome que eran para mis gastos", declaró el reportero indiciado.

Incluso, el pistolero de Los Zetas -sujeto también a investigación- narró que el pasado 1 de septiembre citó a Tejero Juárez en la entrada del aeropuerto de Villahermosa para pagarle la mensualidad correspondiente.

Al rendir su declaración preparatoria, ambos reporteros se retractaron de su declaración ministerial, pero aceptaron que eran suyas las firmas y huellas digitales que se encuentran al calce de la citada declaración, la cual realizaron asistidos legalmente por el defensor de oficio, Gustavo Potenciano García, con lo que la citada declaración adquiere preponderancia jurídica.

Lázaro Tejero, asignado por su medio de comunicación a Balancán, y Roberto Abreu, identificado como corresponsal en Emiliano Zapata, están señalados por quien asegura que "existen varios periodistas que están colaborando" con los Zetas.

Tejero Juárez fue contratado debido a que pasaba información de lo que estaba sucediendo con la autoridad, porque tenía conocidos en ese ámbito. Los trabajadores de medios de comunicación fueron puestos a disposición del juez sexto penal, Rafael Mendoza Álvarez el pasado 6 de septiembre a las 00:05 horas y debido a que su abogado, José Ángel Mérito Martínez, solicitó la ampliación del término constitucional, su situación jurídica se determinará en la madrugada del 12 de septiembre.

agvr