“Lo único que quiero es mi libertad”, exigió la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial a través de un video con el que Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia.

Este organismo internacional aseguró que en el mundo existen al menos 80 presos de conciencia y dos de ellos están en México, Jacinta Francisco y Raúl Hernández, un indígena ñha ñhu, preso en Guerrero.

Para Amnistía Internacional un prisionero de conciencia es una persona encarcelada por sus convicciones políticas, religiosas, origen étnico, sexo, color, idioma, origen o situación económica.

Tonio Tesada, coordinador de Movilización e Impacto de AI, explicó que se decidió adoptar el caso de Jacinta al verse vulnerados sus derechos humanos por su condición de indefensión ante la justicia por ser mujer, pobre e indígena.

“Estos tres elementos la ponen en una desventaja tremenda y la hacen un objetivo fácil para la persecución judicial con el supuesto de que a nadie le va a importar defenderla ante las autoridades”, manifestó.

En conferencia de prensa en un complejo cinematográfico de avenida Reforma, señaló que la discriminación de la que fue víctima Jacinta fue el elemento que permitió su aprehensión y luego para que el sistema de justicia no garantizara un juicio justo.

“Hay días en los que me desespero mucho y me pregunto cuándo me dejaran ir. Hay días en que me siento bien, hay días en que me siento mal, lo que quiero es mi libertad”, manifestó Jacinto en una carta que leyó su hija Estela.

Jacinta Francisco Marcial es una mujer de 46 años. Fue detenida y acusada de secuestrar a seis elementos de la AFI. Purga una condena de 21 años en un penal en Querétaro.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, criticó que pese a las irregularidades demostradas en el caso siga encarcelada.

También criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tardara tres años en emitir una recomendación dirigida a la Procuraduría General de la República en la que indica que se vulneraron las garantías individuales de Jacinta, Teresa y Alberta acusadas de secuestrar a los agentes federales.

“Jacinta y las dos coacusadas se enfrentan a un historial de discriminación y marginación por su condición económica, étnica y de género”, dijo.

Entre las irregularidades que detectaron, detalló que se basaron en los testimonios de los agentes federales y en una fotografía de un diario local, además de que no le concedieron un traductor para que enfrentara todo el proceso en su mismo idioma, “y no se respetó la presunción de inocencia”.

Criticó que las autoridades recurran a medidas populistas, “inútiles, pero espectaculares” como el aumento de penas en el caso de secuestro, la creación de nuevos tipos penales y el montaje de operativos espectaculares.

“Para los delitos como el secuestro ha habido un endurecimiento de la sanción penal porque se trata de un delito altamente repudiado por la sociedad, sin embargo el índice de secuestros no ha disminuido al contrario se ha disparado”, indicó.

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