El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  Manuel Rodríguez Rocha, lamentó la muerte, debido a "asfixia por sepultamiento", de los dos trabajadores de la mina "Lulú" del municipio de Escobedo, y  afirmó que "fue un accidente fortuito".

Sostuvo que a través de la subcomisión Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la Región Carbonífera, los sectores público y privado coordinan esfuerzos y definen acciones a fin de mejorar la seguridad en las minas de Coahuila.

Sin embargo, reconoció que la dependencia a su cargo no había efectuado revisiones en materia de seguridad e higiene en el fundo siniestrado la madrugada del viernes, donde hubo un derrumbe debido al "desprendimiento instantáneo de aire comprimido".

"Pero estaba en proceso de supervisión porque hace 15 días se realizó la diligencia de constatación de datos", arguyó.

En cambio el funcionario destacó  que este viernes inició una "Inspección  Extraordinaria por Accidente" en el yacimiento de carbón a fin de determinar las causas que provocaron el derrumbe de una de las paredes de carbón del socavón que aplastó y mató a los dos obreros.

Son dos  inspectores de la Secretaría del Trabajo quienes verificarán si se cumplía con todas y cada una de las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM-032- STPS-2008) que entró en vigor el pasado 24 de marzo. Estimó que para lunes o martes  tendrá el dictamen respectivo.

La mina de arrastre "Lulú" tiene una plantilla de 90 trabajadores. Es propiedad de la Empresa Siderúrgica Coahuila, opera desde el año 2001, cuenta con una concesión de explotación para 50 años, otorgada por la Secretaría de Economía.

Rodríguez Rocha informó que la Subcomisión Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la Región Carbonífera la integran representantes de  una docena de dependencias, organizaciones de productores de carbón, instituciones académicas  y sindicatos.

El presidente es el subsecretario de Minería del Gobierno de Coahuila, Alfredo Abraham Cabrera; secretario técnico el entrevistado,  delegado de la STyPS, la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), la Escuela Superior de Ingeniería de Nueva Rosita, las uniones nacional y mexicana de productores de carbón, sindicatos de la CTM y la CROC, entre otros.

SON ONCE INSPECTORES

Desde finales de marzo a la fecha se fiscalizaron once grandes minas donde se detectaron algunas anomalías que fueron subsanadas por los empresarios de inmediato, mencionó.

Aunque no proporcionó más detalles al respecto "porque no los tengo de momento" y tampoco mencionó si algunos podrían ser sujetos de sanciones económicas.

El funcionario federal dio a conocer que el padrón que tienen es de 90 minas, pozos a tajo abierto y pocitos de carbón y que la delegación cuenta con 19 inspectores, 11 de los cuales se encargan de  la supervisión de la industria extractiva.

Consideró que son suficientes porque  efectúan en promedio 50 inspecciones por mes, que da un total de 600 al año y con las de la industria de la construcción se rebasan las mil anuales.

Ellos revisan desde las medidas de seguridad e higiene hasta el pago de aguinaldos.