Al menos 40 indígenas que han pasado los últimos 11 años de su vida en prisión, inculpados por la matanza en Acteal, Chiapas, son inocentes, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, el máximo tribunal del país concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas, testigos y cometió un cúmulo de irregularidades en el caso.

A los indígenas, que cumplen sentencias de 20 y 40 años, se les responsabilizó de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

En esa ocasión fueron asesinados 45 indígenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.

Meses después, la PGR consignó a más de 80 personas como responsables de la matanza. Las investigaciones se realizaron durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar como procurador, y con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República.

A los capturados se les acusó de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Ahora, a más de una década de los hechos, la Corte concluye que al menos 40 indígenas fueron acusados de manera injusta por la PGR y sentenciados por jueces y magistrados federales.

De acuerdo con datos recabados por este diario, en la votación programada para el próximo miércoles 12 la mayoría de ministros de la Primera Sala votará por amparar a los indígenas, para que queden en libertad de inmediato.

Desde la perspectiva de los ministros, las anomalías encontradas son una muestra de los defectos que presenta el sistema de justicia.

A pesar de que la Corte casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio, el año pasado atrajo el asunto por su trascendencia y porque “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar".

Con su decisión, la Suprema Corte pretende también establecer criterios que combatan en el futuro las irregularidades que se cometan relacionadas con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa, así como a una justicia pronta y expedita.