Hace 11 años, seis meses y 15 días que en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre que dejó 45 indígenas muertos, la cual convulsionó la política de aquella época y abrió una herida que todavía no cierra en ese poblado.

También desató un polémico debate sobre qué fue lo que pasó en aquel rincón de México, donde pensadores se han enfrascado en acusaciones sobre la veracidad de sus dichos. Mientras que una parte señala que el asesinato de aquellas persona fue por una fallida estrategia paramilitar, otros tratan de minimizar el alcance del conflicto, para dejarlo en un mero pleito comunitario.

22 de diciembre de 1997. Un grupo armado -presuntamente conformado por más de 100 personas- mató a 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres. Según la versión oficial, difundida por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse Concejo Municipal Autónomo de Polhó.

La otra versión, de los habitantes, es que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno, en sus tres niveles, organizara grupos paramilitares para hostigar a la población y rebelde, y posteriormente causar enfrentamientos para poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.

3 de enero de 1998. Emilio Chuayffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación. Fue remplazado por Francisco Labastida Ochoa, quien a la postre sería candidato presidencial priista en la elección de 2000, cuando ganó Vicente Fox.

5 de enero de 1998. Carlos Marín, en ese entonces reportero de la revista Proceso, reveló la existencia de un plan de contrainsurgencia militar para crear conflictos sociales, como también para provocar la inducción de desplazamiento de poblados.

7 de enero de 1998. Julio César Ruiz Fierro, gobernador interino chiapaneco, renunció a su cargo, el cual fue asumido por Roberto Albores Guillén. A Ruiz Fierro se le atribuye la siguiente declaración: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, Mariano Arias) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”

20 de diciembre de 1999. Legisladores chiapanecos pidieron ayuda a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para que los implicados políticos sean sancionados.

20 de diciembre de 2000. El subcomandante Marcos, líder visible del EZLN, señaló en un comunicado, a propósito del ataque contra indígenas que "al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá".

27 de diciembre de 2006. La Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.

24 de agosto de 2007. Dos de los encarcelados por la matanza revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque. “Nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar”, señalaron.

4 de octubre de 2007. Condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, de los cuales sólo dos aceptaron haber sido autores materiales del asesinato colectivo.

20 de noviembre de 2007. Murió Antonio Vázquez Secum, quien según el libro blanco elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997.

27 de diciembre de 2007. Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

30 de enero de 2008. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señaló que existe una responsabilidad del Estado por la masacre. “Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad”, indicó.

2 de agosto de 2009. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso Acteal porque se trata de un asunto que "reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar".

6 de agosto de 2008. Noé Maza Albores, fiscal del caso, fue removido de su cargo, cuando los expedientes de los inculpados por las muertes eran revisados por la Suprema Corte. Familiares y sobrevivientes de la masacre aseguraron que habían recibido amenazas de parte de Maza.

12 de junio de 2009. Integrantes del Comité de Familias y Amigos de los Inocentes Presos por el Caso Acteal demandaron libertad para los inculpados que se encuentran detenidos en el penal de El Amate, en Chiapas, acusados de ser los autores de la masacre ocurrida.

5 de agosto de 2009. La Corte dictamina que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado.