Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, anunció anoche en Puebla una depuración a fondo del padrón de beneficiarios de Procampo. También dijo que si hubiera algún familiar relacionado con políticos o narcotraficantes, corresponde sólo a la Procuraduría General de la República investigarlo.

El padrón tiene que ser revisado a fondo porque hay personas que en su momento fueron inscritas, pero con el tiempo vendieron sus propiedades para distintos proyectos y, por tanto, ya no requieren los apoyos, dijo Cárdenas Jiménez.

Sin embargo, funcionarios responsables de Procampo admitieron en entrevista incapacidad para supervisar a quiénes se les otorgan los subsidios y el uso que les dan, ya que se carece de una herramienta eficaz para detectar si la ayuda se aplica en la superficie pactada.

Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que presuntos narcos de los principales cárteles (con los que el Estado sostiene una guerra), así como sus familiares, son beneficiarios del programa.

“Ustedes imagínense verificar 14.2 millones de hectáreas en un año agrícola. El costo de supervisión de la tierra y de pagarle a la gente para poder llegar al campo sería tan grande que no valdría la pena repartir el subsidio”, argumentó en entrevista Ana Gabriela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de quien depende Procampo.

El coordinador general jurídico de la Sagarpa, Rodolfo González Muñoz, aseguró que cuando existen datos fehacientes de criminales beneficiarios, se ordena la suspensión inmediata del subsidio. Sin embargo, no supo precisar la cifra de a cuántos de ellos se les ha suspendido.