El poder corruptor y criminal de La Familia Michoacana creció en los últimos años bajo el cobijo de una estrategia "muy corta" por parte del gobierno de Felipe Calderón, basada sólo en la represión militar y policiaca de los cárteles del narcotráfico sin desarticular sus redes financieras y abandonando la inversión social en zonas muy marginadas de México, como es el caso de Michoacán.

Esto lo dice Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, quien considera que el cártel de La Familia Michoacana es una organización muy sofisticada con características que otras mafias de México no tienen.

De acuerdo con el también profesor de la Universidad de Columbia y del ITAM, La Familia Michoacana ha construido su poder basado en cinco aristas que le ayudaron a expandirse: genera infraestructura social para obtener protección política y de la población.

Asimismo, ejerce una comunicación social con tintes religiosos; cuenta con capacidad paramilitar operativa; su economía la esconde detrás de componentes patrimoniales dentro de la ley y busca dar beneficios directos a los sectores más marginados.

"La Familia Michoacana tiene una dimensión muy importante de protección social, no sólo por miedo de la población, si no porque han invertido muchos recursos a generar infraestructura social que beneficia a los sectores más marginados de esa región: canales de riego, iglesias, escuelas, pavimentación y drenaje en calles y generación de empleos. Muchos de esos miembros de La Familia son dueños de hoteles y empresas", dice el investigador.

Su expansión y evolución

Desde el 2004 La Familia Michoacana comenzó su expansión aliándose con otros cárteles como El Golfo y Los Zetas, mediante los cuales obtuvo fuerza para ganar la supremacía a través de la violencia y técnicas terroristas en Michoacán a otros grupos criminales locales como el Cártel de Los Valencia, cuenta el especialista.

"Hoy 85% de los sectores económicos legales de Michoacán y sus alrededores como Guerrero y Guanajuato están infiltrados por La Familia". Este cártel no sólo se quedó en el plano de la violencia y el tráfico de drogas, evolucionó al grado de desarrollar componentes patrimoniales que le dieran fuerza económica para patrocinar la corrupción y desarrollar su propio ejército social. En dos años se independizaron de Los Zetas.

"La expansión de este grupo criminal se explica por un lado por la ineficacia de la estrategia del Gobierno Federal en estos años. Ha sido una estrategia muy corta que se ha basado en la represión física de los miembros de grupos criminales", asegura Edgardo Buscaglia.

"La experiencia internacional te dice que eso no es suficiente, impulsarle causas penales es una condición necesaria pero está lejísimos de ser suficiente. Tienes que desmantelarles el mundo patrimonial que está detrás de estas organizaciones criminales. Que no se mide como hace incompetentemente la DEA, solamente a través de los flujos de dinero de drogas", agrega.

"Las organizaciones criminales mexicanas están involucradas en 22 tipos de delitos: contrabando, piratería, extorsiones, secuestros, trata de blancas, tráfico de indocumentados, explotación, corrupción, lavado de dinero, por mencionar algunos. Es muchísimo más de lo que mide la DEA. Y ellos esconden mucho de ese dinero en patrimonios de la economía legal"

Estructuras financieras, intocadas  

El asesor de la ONU reclama la nula existencia de investigaciones patrimoniales de primer mundo hechas en México. "Hasta donde yo recuerdo, en las últimas décadas, no existe".

"Se debe combatir la corrupción política en serio, no sólo con casitos de un hermano de un gobernador o de casos específicos de alcaldes. Debe ser con elementos que establece la Convención de Mérida, en México".

En 2003 se firmó en México la Convención Mérida de la ONU, que plasma todas las mejores prácticas para combatir la corrupción política.

"México implementa sólo el 23% de las cláusulas de esa convención, por lo que le faltan por aplicar 77%", afirma el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo.

"Así que no nos hagamos, si quieren combatir la corrupción política en serio, ya México firmó la convención para hacerlo y no la está implementando".

México, Estado Fallido

La cuarta dimensión para combatir el poder de las mafias y que no se aplica en México, denuncia el especialista, es la de la prevención del delito.

La Familia Michoacana tiene un nivel de protección social porque ellos invierten en infraestructura social: salud, educación, empleo, créditos, etcétera

El Gobierno Federal no está haciendo nada al respecto. Hay zonas de este país que están totalmente marginadas donde el Estado mexicano está relativamente ausente. Por eso se habla de Estado Fallido, que por ahora son bolsones de Estado fallido, pero no queremos que eso se expanda".

"Si quiere prevenir la delincuencia organizada el gobierno federal debe invertir más en zonas con gran marginación social. Deben invertir en escuelas. Uno recorre Michoacán y te vas a encontrar con escuelas con antenas satelitales, regiones con sistemas de riego de primer mundo que parecen pueblitos suizos, con sistemas de desagüe cementados, parecen pueblos austriacos en algunos casos y no fueron construidos por el Estado", denuncia el investigador.

"¿Qué hacemos al respecto? ¿Dejamos esas zonas para que La Familia Michoacana u otra organización delictiva siga invirtiéndole a protección social a través de esta infraestructura? Yo diría que no. Que el Gobierno de México prevenga eso no sólo a través de gasto en soldados y policías. Si no gastos en salud, educación e infraestructura para esas poblaciones que son más vulnerables de ser capturadas por los grupos criminales", alerta el especialista en Justicia y Desarrollo a nivel internacional.

"Con discursos no se gana"

Si el secretario de Gobernación de México, Fernando Gomez Mont, quiere aplicar realmente todo el peso de La Ley en este país tiene la Convención de Palermo. Que en este momento sólo están implementanda en México el 43% de sus cláusulas, le faltan el 53% por aplicar", denuncia Edgardo Buscaglia.

"Si se quiere hacer esto en serio no nos hagamos, apliquemos las mejores prácticas internacionales que le han dado resultado al presidente Álvaro Uribe en Colombia, a Putin en Rusia, a EU, Francia, España e Italia. Con discursos no se va a ganar esta guerra. Ni se va a causar un retroceso".

Respecto a la aplicación de estrategias de Comunicación Social por parte de La Familia, el especialista recuerda que esas prácticas ya vienen de tiempo atrás, con desplegados, conferencias de prensa, entrevistas y repartición de volantes que el grupo criminal ha hecho en Michoacán.

El especialista recuerda la figura de un personaje llamado El Tío, quien era el publirrelacionista de este grupo, el vocero oficial a quien se le veía siempre de traje, con su portafolio y lentes como cualquier hombre de negocios, que comía y se citaba con medios y empresarios en los restaurantes de Morelia, la capital michoacana.

"Tratan de generarse mayor legitimidad y protección social. Quieren un apoyo y lealtad con ese tipo de actitudes", dice el analista al ser inquirido sobre la supuesta llamada telefónica de Cervando Gómez, alias La Tuta, uno de los operadores del cártel michoacano encargado de Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

"No hay país en el mundo que haya causado un retroceso de estas organizaciones criminales, ya sea Italia o Colombia, que haya avanzado y triunfado sólo con la política de represión de militar y policías. Se debe desmantelar la red patrimonial de la economía legal que tienen en México, Panamá, Guatemala, Argentina, Sudáfrica, España, Europa y EU. Un mundo patrimonial que financian la corrupción y las muertes de soldados, policías y de la población", puntualiza.

"¿Cómo puede ser que la familia del Mayo Zambada esté a cargo de una guardería cuando el Gobierno de EU, el Departamento del Tesoro la tiene en su sitio de Internet señalada desde hace tres años? ¿Cómo puede ser que en México estas empresas de familiares de narcotraficantes sigan operando con total impunidad?"

"La Ley de Extinción de Dominio aprobada en México es una vacilada, están sometidos a tantos condicionamientos que es prácticamente imposible aplicarla. La corrupción política debe combatirse a todo nivel, no sólo a nivel municipal. Lo que pasa es que los políticos mexicanos tienen miedo", sentencia Edgardo Buscaglia.