Organizaciones defensoras de los derechos humanos mexicanas y estadounidenses pidieron al gobierno de Barack Obama retener fondos de la Iniciativa Mérida ya que México no ha cumplido con la investigación, enjuiciamiento, y sanción a las violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros del Ejército como parte de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

"Ante el fracaso del gobierno mexicano para cumplir estos compromisos fundamentales, los Estados Unidos no deben liberar a México la parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida retenida en el marco de la presentación de informes de derechos humanos", expresaron en una carta pública que dirigieron congreso estadounidense y al Departamento de Estado.

En la misiva, que firman organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Tlachinollan, Wola y Latin America Working Group Education Fund, advirtieron que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos básicos de derechos humanos contenidos en el paquete de asistencia de la Iniciativa Mérida, que incluye la obligatoriedad de investigar y sancionar enérgicamente a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

Refirieron que el Congreso de Estados Unidos aprobó mil millones de dólares en asistencia a través de la Iniciativa Mérida con la que apoyaría a México con helicópteros, aviones, equipo, capacitación y otros recursos materiales para las fuerzas de seguridad.

"La asistencia estadounidense, en el marco de la Iniciativa Mérida llega en un momento en el que la violencia relacionada con las drogas continúa en ascenso; hasta la fecha más de 3,500 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico se han reportado en lo que va del año. En este período, México también ha experimentado un fuerte incremento de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por militares", señalaron.

Alertaron que el incremento de las violaciones a los derechos humanos es producto de la insistencia del presidente Felipe Calderón en que las operaciones militares sean de gran visibilidad, pero han fracasado en obtener beneficios medibles en seguridad pública.

De acuerdo a las quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), en los dos últimos años se han sextuplicado al pasar de 182 quejas en 2006 a mil 230 hasta el corte del año pasado.

En el texto, las organizaciones mexicanas y estadounidenses lamentaron que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares permanezcan en la impunidad ya no se permite que sean las autoridades civiles que investiguen y juzguen las violaciones de derechos humanos e incluso en foros internacionales defiende la jurisdicción militar,

"Es fundamental que el gobierno de Estados Unidos demuestre que su compromiso con los derechos humanos fundamentales y con un México seguro va más allá de las palabras, al no liberar el 15% del financiamiento de la Iniciativa Mérida teniendo en cuenta que México no ha demostrado avances en las áreas identificadas de derechos humanos, en particular dada la negativa abierta del gobierno para llevar a la jurisdicción civil a los soldados implicados en graves violaciones de los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas", afirmaron.