La secretaria de Seguridad Pública del Estado, Josefina García Ruiz, admitió que la seguridad en los centros penitenciarios no es la deseable, al establecer que sólo en el penal de Culiacán, se tienen casi 3 mil reos, con una vigilancia de 50 custodios por turno.

En una reunión de trabajo con miembros del Congreso del Estado para analizar la iniciativa de la Nueva Ley de Seguridad, indicó que ante esta situación que se vive en los reclusorios se recurrió al apoyo de la Policía Federal Preventiva para reforzar la seguridad interna y externa.

Recordó que desde hace mas de un año, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron capacitados y adiestrados para ejercer actividades de custodios en los tres centros penitenciarios, de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, para hacer frente a una serie de conflictos violentos en su interior.

García Ruiz indicó que de los casi tres mil reos que se tienen en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán, el cuarenta y cinco por ciento de ellos, se encuentran en procesos o sentenciados por delitos federales.

La funcionaria estatal manifestó que con la construcción de cárceles en los municipios de Angostura y Navolato, así como la operación, como penal de mediana seguridad del centro que desde hace varios años de construyo en Guasave, se buscará despresurizar los tres principales reclusorios.

Josefina García Ruiz, hizo ver que promedio de gasto por reo es de 200 pesos diarios, en el que se incluye, alimentación,  estancia, costos de salarios del personal, luz eléctrica, trabajo administrativo y la federación, solo aporta cuarenta pesos, por reo de su fuero que se encuentra recluido en algunos de los penales.

En su comparecencia, el diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Juan Figueroa Fuentes, cuestionó a la funcionaria sobre el contenido de la nueva iniciativa de Ley de Seguridad Publica, sobre todo en el renglón de salarios, prestaciones económicas, jubilaciones, seguros de vida e indemnización a viudas de policías.

Precisó que en diciembre pasado se aprobó incorporar a la Ley de Seguridad Pública un capítulo específico en este tema, el cual entró en vigor hace 12 días, en el que se contempla el pago de pensiones a ciudades de los agentes que caen en cumplimiento de su deber.

A su vez, el legislador de la bancada de Acción Nacional, Alejandro Higuera Osuna, observó que en la iniciativa hay incongruencias por un lado se especifica que en el futuro, los aspirantes a convertirse en policías, tendrán que surgir de academias y pasar los exámenes de control y confianza.

Sin embargo, se deja la puerta abierta, para que empresas privadas, puedan otorgar el servicio de seguridad, sin ningún tipo de requisito para sus integrantes.

También cuestionó que empresas y negocios privados de todo tipo gocen de protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que aun cuando cubran cuotas económicas por esta prestación, es la sociedad con sus impuestos quienes cubren su formación, equipamiento y armamento.

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