En una breve conferencia de prensa, organizaciones civiles, de víctimas, activistas sociales, empresarios y académicos cuestionaron la impunidad y el libre movimiento con los que opera la violencia en Chihuahua y en otras ciudades del país.

Aseguraron que esa libertad de movimiento denota "o una incapacidad gubernamental para investigar con seriedad y profundidad, o una complicidad de la autoridad que debe ser indagada y castigada de la manera más severa posible".

"El caso de Chihuahua resulta emblemático, en razón de que se trata de una comunidad de ciudadanos que ha sufrido no sólo el acoso de grupos de delincuentes, sino las represalias cuando sus integrantes han decidido denunciar sus actividades ilícitas", manifestaron.

Los representantes de las organizaciones expresaron su preocupación porque la incompetencia de las autoridades ha permitido que la delincuencia se atreva a atacar directamente a al sociedad para intimidarla y evitar así la denuncia, única herramienta del ciudadano frente al delito.

En su pronunciamiento afirmaron que México no tiene ciudadanos libres pues cada uno ha perdido la libertad de disfrutar de los espacios públicos, de los bienes producto del trabajo e incluso de privilegiar la convivencia de amigos y familiares, ante el embate de la delincuencia.

"Nuestras autoridades insisten en negar la existencia de zonas donde no hay gobierno y donde los niveles de criminalidad son inferiores frente a otras naciones.

Sin embargo, no tenemos elementos para pensar que ocurre lo contrario. Ese el discurso triunfalista se contradice todos los días frente al México real, frente al México donde todos los ciudadanos vivimos atemorizados", afirma el documento.

Agrega que la sociedad mexicana está sola frente al delincuente, pues los gobiernos le han dado la espalda ya sea por omisión, incapacidad, o por complicidad.

Por ello exigieron nuevamente soluciones contundentes efectivas, legales para erradicar el delito del secuestro y afirmaron que México no son sus políticos sino sus ciudadanos.

El pronunciamiento concluye con la exigencia "Ni una víctima más" y fue suscrito por Alto al Secuestro, Convivencia sin Violencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, México Unido Contra la Delincuencia, la COPARMEX, entre otros.

lob