El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la justicia militar es imparcial para juzgar a los integrantes del Ejército.

Durante un debate que sostuvo con abogados defensores de derechos humanos en el programa Hoy por Hoy de W Radio, el encargado de la política interna del país señaló que la transición política en México se construyó, entre otras cosas, "por la institucionalidad de las fuerzas armadas".

Esta mañana, el periodista Carlos Puig sostuvo una mesa de debate sobre el fuero militar y el caso que se lleva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada de un campesino mexicano en 1974 en Guerrero.

El secretario de Gobernación llamó al programa para emitir su postura al tema que debatían Santiago Aguirre Espinoza, abogado del Centro Pro; Luis Miguel Cano López, abogado integrante del proyecto de litigio estratégico y Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de Derechos Humanos.

Gómez Mont señaló que defiende la jurisdicción militar "porque incentiva, propicia y protege que los soldados, los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".

El titular de la secretaría de Gobernación  señaló que la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, y explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil.

Durante una audiencia en la CIDH, llevada a cabo el martes pasado, sobre la desaparición forzada de un campesino mexicano en 1974 en Guerrero, Gómez Mont desconoció la competencia de la Comisión para enjuiciar a México por hechos que ocurrieron antes de que la Corte empezara a funcionar, en 1979, y de que nuestro país ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal, instancia judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la sede de la Corte, Gómez Mont defendió al Ejército y admitió la desaparición y muerte de Rosendo Radilla Pacheco.

Radilla desapareció el 25 de agosto de 1974 en un retén militar del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y su caso llegó a la Corte por presión de los familiares de la víctima. El general de división Mario Quirós Hermosillo, quien era uno de los jefes militares de Guerrero, enfrentó una acusación por la desaparición de Radilla, pero murió.