La controversia llegó hasta el Legislativo, donde la asambleísta María Paula Romo, del oficialista movimiento Alianza País, criticó al Conartel por haber decidido, sin mayores argumentos, la salida del horario familiar de las dos series de televisión.

Romo dijo a periodistas que la decisión del Consejo, que arguye que esas series animadas podrían afectar a los niños, carece de fundamento legal, pues se basa en la sola apreciación de los miembros que forman el Conartel.

"No queremos enfrascarnos en una pelea sin resultados ni en una discusión personal, lo que interesa es que el Conartel, como órgano de poder del Estado, actúe, en todo lo posible, con el mayor apego a la Carta Suprema, a las leyes y a los principios de derechos y libertades que inspiran nuestra Constitución", declaró Romo.

La legisladora advirtió que no existe un procedimiento reglado o una política clara que enmarque las prohibiciones, por lo que opinó que el Conartel debería declarar la nulidad de sus resoluciones.

Romo incluso advirtió la posibilidad de llevar a un juicio político al director del Conartel, Antonio García, al que dio una semana de plazo para que rectifique los procedimientos y las decisiones.

De su lado, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) reclamó, por su parte, que el cambio de horario de la programación televisiva debe responder a unas normas que deben ser discutidas por todos los sectores involucrados.

mzr