La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza atraer el primer juicio colectivo que promovió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de una constructora para que indemnice a más de mil familias que le compraron casas que presentaron fallas estructurales que han afectado muros, losas, puertas y ventanas.

En ejercicio de una de sus facultades que menos ha empleado, la Profeco asumió la representación de todas las familias afectadas y demandó a la constructora para que devuelva el dinero que le pagaron por las casas, y pague los daños y perjuicios que ocasionó.

En el caso en cuestión la procuraduría demandó a la constructora denominada Corporación Técnica de Urbanismo, la cual construyó un fraccionamiento de mil 84 viviendas defectuosas, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, que vendió a un precio que va de 160 mil a 240 pesos.

Las casas, una vez que fueron habitadas, no sólo presentaron fallas en su estructura sino también en sus instalaciones hidráulicas y eléctricas, en las cuales se emplearon materiales de muy baja calidad.

Debido a la gravedad del caso, la Procuraduría decidió recurrir a la facultad que tiene para promover "acciones de grupo en representación de los consumidores", una figura que prevé la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero que sólo ha sido empleada en dos ocasiones en contra de aerolíneas que afectan a sus usuarios.

Pero hasta el momento no ha tenido éxito. La Profeco perdió el juicio en primera y segunda instancia. Tanto un juez como un tribunal de apelación absolvieron a la constructora de devolver el pago que obtuvo por la venta de las viviendas.

Para combatir dichas decisiones, como última opción, la procuraduría promovió un juicio de amparo, el cual se le turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, ubicado en Chihuahua.

Pero, debido a la relevancia del caso, la procuraduría le pidió a la Corte que atrajera el caso y la ministra Olga Sánchez Cordero hizo suya la petición y la presentó ante sus compañeros de la Primera Sala del alto tribunal, debido a la importancia que, considera, tendrá este caso para fijar criterios en torno al derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; y , en torno a la defensa de los derechos de los consumidores.