En la indagación federal sobre la presunta red de protección política con que cuenta el cártel de La Familia ahora aparecen diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un alcalde y jefes policiacos en activo o retirados de diversos municipios de Michoacán.

Entre los mencionados en la indagatoria que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) figuran el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez; el diputado Iván Madero Naranjo; Efraín Loaiza Farías, director del grupo antisecuestros en la entidad; el diputado federal del PRD, Miguel Ángel Arellano Pulido; el comandante Ignacio Berber García; el ex alcalde de La Huacana, Israel Tentory, y el también diputado local Antonio Cruz Lucatero.

Otros servidores públicos que también son aludidos, pero se desconoce su paradero son: Adolfo Alfredo Medina, director de Seguridad Pública de Uruapan; el policía Jaime Alvarado Orozco; el jefe de grupo de la Policía Ministerial, Ramón Silva; el jefe policiaco Rafael Puga Moreno, así como el agente Carlos González y otros más de los que únicamente se aluden sus apellidos.

Las pesquisas, a las cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, dan cuenta de que todos los acusados son señalados desde noviembre y diciembre pasado por los testigos protegidos “Ricardo”, “Paco” y “Emilio”, el primero de ellos ex policía judicial de Michoacán, y los otros, narcotraficantes “arrepentidos” que hoy colaboran con la PGR.

Ello constituye la base de las acusaciones contra los ex servidores públicos a los cuales se pretende involucrar con el grupo criminal.

La averiguación que hoy tiene en prisión a 27 funcionarios de la entidad comenzó por una llamada anónima a la SIEDO, tres meses después del ataque con granadas en la plaza Hidalgo de Morelia, Michoacán.

La voz de un hombre reveló la presunta red de protección con la que contaba La Familia Michoacana en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo y otros municipios en los que “la maña está bien metida con los presidentes municipales, a quienes se les pagan fuertes cantidades de dinero por dar información de operativos y brindar protección a sicarios”.

Este testimonio, junto con la información hallada en el disco duro de una lap top marca Toshiba modelo PP714Q, que fue asegurada en un operativo realizado en la delegación Gustavo A. madero, en la ciudad de México, abrió las puertas a la investigación contenida en la averiguación previa PGR/SIEDOUEIDCS/398/2008, donde se encontró la nómina que al parecer se pagaba a ex y funcionarios de Michoacán.

El testigo protegido “Paco” también aseguró que el gobernador Leonel Godoy recibió 300 mil dólares para su campaña a la gubernatura por parte de los líderes de La Familia.

Sin embargo, ayer la PGR señaló que “no se cuenta con indicios de que el mandatario estatal haya sido apoyado por el narco ni antes ni después de asumir la gubernatura.

“Ni de origen ni hasta el momento tenemos nosotros conocimiento de que él esté involucrado o sea parte de esta investigación. Hasta ahora no hay ninguna situación donde él sea mencionado como probable responsable de cualquier hecho y tampoco relacionado con esta investigación específica”, dijo ayer Ricardo Nájera, en declaraciones a la prensa.

El jueves pasado, la PGR consignó a 27 de los 30 servidores públicos aprehendidos el 26 de mayo en Michoacán, por sus presuntos nexos con el referido cártel.