Las imágenes de cómo se alimentan las personas en reclusión en la Ciudad de México "es un tímido reflejo de una realidad muy dolorosa", donde la gran perdedora es la sociedad, indicó el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.
"Este tipo de materiales (el video difundido por EL UNIVERSAL) lo que pone en evidencia es que el Estado está abdicando de su responsabilidad y está fallando en la protección de los derechos humanos. ¿Quién pierde? Porque hay quienes dicen: ¨Pues está en la cárcel, así se lo merece¨. No. Pierde la sociedad, porque cuando esas personas salgan, van a salir mucho peor de cómo entraron, y la sociedad va a volver a perder".
Se tienen que generar condiciones para atender los problemas de orden social y de las condiciones de reclusión con dignidad, para hacer que las prisiones sean espacios de resocialización y no de formación de más delincuentes y con un peor perfil, dijo.
Pero en esta situación en las cárceles locales también la autoridad federal tiene parte de responsabilidad al mantener a reos de ese fuero en cárceles no aptas para ellos donde "generan una problemática de una extraordinaria condición de ingobernabilidad, porque son internos que están en la delincuencia organizada o en el narcotráfico y que tienen un gran poder de extorsión y corrupción".
Insistió en la necesidad de repensar el sistema bajo el cual operan los reclusorios en México, en particular en la Ciudad de México.
"En los últimos años la población penitenciaria se ha incrementado notablemente, en los últimos años han pasado más de 200 mil personas por los reclusorios de la Ciudad de México, desde los que estuvieron unas horas o el típico ¨sabadazo¨ , hasta los que todavía están ahí, es indispensable que encontremos mecanismos para que el delito se pague de manera más eficaz y eficiente, el tema de los problemas en materia de alimentación, en materia de salud, en materia inclusive de hacinamiento son extraordinariamente dramáticos".
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que las personas en reclusión sólo pierden el derecho a la libertad, pero ningún otro derecho. La norma internacional y las leyes nacionales establecen con toda claridad que el Estado es responsable de su salud, de su alimentación y de su seguridad.
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