Organizaciones sociales y campesinas emprendieron una marcha-caravana a la ciudad de México en demanda de la liberación de 24 presos campesinos e indígenas procesados y sentenciados en el penal El Amate, durante el actual gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero y de su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006).

En esa demanda se encuentran también los expedientes de ocho indígenas tzetales que se asumen integrantes de la Otra Campaña y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero a quienes el gobierno arrestó por delincuencia organizada, robo con violencia y asalto.

Dirigentes y militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional ( MOCRI-CNPA-MN) y del Bloque Democrático de la Sección VII del SNTE acusaron al gobierno estatal de "criminalizar" las protestas sociales y "fabricar" delitos contra organizaciones y luchadores sociales opositores.

Más de 400 manifestantes viajan en cuatro autobuses, y según el itinerario desplegarán una jornada de reclamos en plazas y sitios públicos de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal , donde instalarán un "plantón" indefinido.

Luis Alfonso Abarca González, representante del FNLS señaló que se determinó "sacar" de Chiapas la protestas por la falta de garantías y la represión sistemática de la Procuraduría General de Justicia, del poder Judicial del estado, así como de la Secretaría General de Gobierno.

Abundó que las actitudes intolerantes del gobierno se evidenciaron la madrugada del pasado 7 de abril con la desarticulación de un "plantón" frente al palacio de gobierno, donde fue arrestado el dirigente del MOCRI, Eric Bautista Gómez, a quien se le procesa por homicidio calificado.

" Condenamos la política de hostigamiento y persecución en contra de los líderes e integrantes de nuestras organizaciones; el gobierno pretende inhibir la organización comunitaria y la lucha de los pueblos campesinos e indígenas, busca acallar los reclamos y protestas sociales", argumentó.

En su oportunidad, el secretario General de Gobierno, Noé Castañón aseguró que los expedientes de internos que reclaman ser liberados es un asunto jurisdiccional y no político.

cgb