Más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez exigieron que el Senado rechace una iniciativa impulsada por el Partido Revolucionario Institucional para que se envíe a los centros de asistencia social a los menores de 14 años que vivan o trabajen en la calle ya que se trata de “limpieza social” disfrazada.

En la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, se multa con 50 a 100 días de salario mínimo a los funcionarios que no remitan de inmediato a los menores a cualquier centro de asistencia social del Sistema Nacional de Salud.

“Tales medidas son una oportunidad para que se legalice la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y la desaparición forzada de personas ampliamente documentada en México”, se lee en la carta que enviaron las organizaciones a los senadores priistas Mario López y Adolfo Toledo.

Indicaron que este tipo de iniciativas  se suman a otras que se aplican en América Latina “con una marcada tendencia social a la criminalización de la pobreza, expresada académicamente como 'limpieza social' fuertemente cuestionada a nivel nacional e internacional”.

En conferencia de prensa, Martín Pérez, de la organización “Caracol”, señaló que este tipo de prácticas están en marcha en ciudades como Guadalajara, San Cristóbal de las Casa, Veracruz, Villahermosa, Culiacán, Tijuana, León y el Distrito Federal.

Descartó dar una cifra de cuántos menores se encuentran en situación de calle ya que no se ha utilizado la metodología correcta en conteos gubernamentales y de organismos extranjeros por tratarse de población móvil.

Lamentó que con este tipo de iniciativas no se tome en cuenta la infraestuctura gubernamental que al no contar con los espacios suficientes canaliza a menores a otras instituciones como fue el caso de la procuraduría capitalina con el albergue “Casitas sur” donde casi una decena de pequeños se encuentran desaparecidos.

Pérez manifestó que se incentiva la corrupción y la impunidad.

Pietro Ameglio, de Servicio Paz y Justicia Morelos, denunció que este tipo de “limpieza social” se aplica en Cuernavaca luego de las modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno que prohibe trabajar en las calles con multas de 100 días de salario mínimo o arrestos de 36 horas.

Alicia Vargas, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que los senadores carecen de una visión integral para resolver el problema de la menores que viven en situación de calle ya que proponen el encierro de esta población.

Criticó que los partidos políticos usen a menores en sus mensajes electorales

Martín Pérez se pronunció por una regulación en la materia ya que los niños son usados como si fueran parte de la escenografía.

vrs