Gabriela y Susana son mujeres policías. Durante tres años han enfrentado el rechazo por parte de sus compañeros varones. Las amonestan y arrestan sin motivo aparente. Les encargan la vigilancia en las zonas más peligrosas del Distrito Federal.

Ambas creen que esa realidad es la que enfrentan en general todas las mujeres policías, pero “con nosotras se ensañan porque además de ser mujeres, somos lesbianas”.

Y son policías porque aseguran que sus preferencias sexuales fueron el motivo para que no encontraran otro empleo.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que desde su creación en el 2004 hasta la fecha ha recibido 116 quejas por actos discriminatorios hacia la comunidad homosexual, sobre todo, relacionados con los ámbitos social y laboral.

Hasta el 30 abril de 2009, la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Conapred ha atendido 76 quejas contra particulares y 40 reclamaciones contra servidores públicos por actos de homofobia, de las cuales 66 (56.9%) están relacionadas al rechazo y/o estigma social de este sector de la población.

En 23 ocasiones (19.8%), los presuntos actos de discriminación estuvieron relacionados con el ámbito laboral, siendo la homofobia motivo de despidos o malos tratos. Diecinueve se dieron en el sector privado y sólo cuatro en el sector público.

En la policía del Distrito Federal, dice Susana, esa situación es evidente. “Algunos hombres policías, sobre todo, en los mandos medios y superiores, suelen pedir favores sexuales a las mujeres para que puedan ascender o de plano para que por lo menos no las molesten tanto. Pero como saben que a nosotras no nos gustan los hombres nos hacen la vida imposible”, asegura.

“A mí se han acercado para decirme “no te gustan los hombres porque no has estado conmigo”, dice Gabriela.

“Debido a que la situación es ya insoportable” estas mujeres policías presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal “porque queremos un trato digno, quiero el respeto que merezco por ser policía y por ser lesbiana”, señala Gabriela.

En el marco del Día Mundial contra la Homofobia que se celebra cada 17 de mayo, 35 organizaciones civiles agrupadas en la “Unidad en la Diversidad” señalaron que “las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales han sido objeto de rechazo, burlas, mofa, violencia y hasta víctimas de asesinato”.

Paulina Martínez, integrante de la Red Orgullo 31, señaló que a este sector de la población, sólo por motivos de su orientación sexual o identidad de género, se le niegan derechos como el acceso y la permanencia en el trabajo, los servicios de salud y educación, el acceso a la justicia y a una familia y, en casos extremos, el derecho a la vida.

Víctor Hugo Flores, director de la organización Transexual Legal, señaló que debido a esa situación, la sociedad civil, por convocatoria del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) estableció mesas de trabajo en las que se abordan diversas problemáticas como la falta de empleo con el propósito de promover políticas públicas que terminen con los actos de exclusión y segregación laboral por preferencia sexual.

Aseguró que a través del Conapred se analiza la posibilidad de otorgar incentivos a las empresas públicas y privadas que proporcionen trabajo a las personas de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero y Trasvesti (LGBT).

Organizaciones no gubernamentales de Brasil, Bolivia, Colombia, Honduras, de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, así como la asociación mexicana Artemisa, también han documentado los actos de discriminación que padecen en el ámbito laboral.

Karina es una mujer que dio su testimonio a estas organizaciones. Ella trabaja como docente en una compañía internacional de enseñanza de idiomas, en el Distrito Federal de México y estuvo a punto de ser despedida por haber aparecido como lesbiana en un reportaje televisivo ya que la madre de una alumna se quejó en la escuela por tener maestras lesbianas.

Luego de pedir la intervención de Amnistía Internacional y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Karina pudo evitar que la despidieran, aunque la cambiaron de sucursal para que pudiera impartir sus clases.