El virus de la influenza tipo A evidenció un sistema de salud débil, obsoleto y fragmentado. La falta de inversión en infraestructura y la creciente privatización de los servicios han dejado al país vulnerable, coincidieron especialistas. Además, a muchos mexicanos se les cancela su derecho constitucional a la protección de la salud.

Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su reporte Health Data 2008, México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de los países miembros es de 8.9%.

Sistema fragmentado

Durante los tres primeros días de la alerta sanitaria, a mediados de abril, todo fue confusión en clínicas y hospitales públicos. Testimonios de médicos y enfermeras, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, coinciden en que predominó la desorganización. Una de las causas fue que cada institución (IMSS, ISSSTE, las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y Marina, y Petróleos Mexicanos) posee diferentes bases de datos de sus pacientes, lo cual impidió elaborar un diagnóstico nacional, en tiempo real, de lo que ocurría.

Maki Esther Ortiz, subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, reconoció que la emergencia sanitaria permitió “detectar los rezagos en infraestructura de salud”; obligó a las autoridades a realizar, a marchas forzadas, un inventario del equipo médico disponible; y en menos de tres días debieron establecer lineamientos dirigidos al personal de salud para contener la transmisión de la influenza y tratar al paciente en forma homogénea en el primero, segundo y tercer niveles de atención.

Además, consideró necesaria “la integración funcional del sector” para mantener “una comunicación que permita que todos estemos conectados en tiempo real”, y que “se requiere de un padrón único de beneficiarios, de un expediente electrónico y de guías clínicas que homogeneicen todo el sistema nacional de salud”.

Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador del Departamento de Atención de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, opinó que la epidemia mostró que no hay comunicación ni control de la Federación hacia los sistemas estatales, lo que explica la tardanza para notificar —cuando no hubo ocultamiento— a la Secretaría de Salud los casos con sospecha de diagnóstico por influenza tipo A.

Sin camas suficientes

El rezago en la infraestructura puede medirse, entre otros parámetros, por el número de camas hospitalarias, afirmó Nancy Pérez García, directora ejecutiva de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social): México cuenta con 0.8 camas por cada mil habitantes, cuando el promedio de los miembros de la OCDE es de cuatro por cada mil habitantes.

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos encontró que países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Belice tienen más de 10 camas de hospital por cada 10 mil habitantes. En Brasil, por ejemplo, hay 26, mientras que en México sólo existen 10.

Un ejemplo es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): en su informe anual, al Ejecutivo federal reconoció que dispone de 0.83 camas por cada mil habitantes, lo que equivale a un rezago de 25 años. En promedio, el mobiliario y los equipos tienen esa misma antigüedad.

A nivel nacional, de acuerdo con Incide Social, por cada 2 mil habitantes hay tres médicos, un consultorio y cuatro enfermeras, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre dos y tres médicos por cada mil habitantes. Además, en el país, según datos de la Secretaría de Salud, hay 1.8 médicos por cada mil habitantes.

Las carencias de infraestructura son más que números para quienes no son atendidos por falta de médicos o la saturación del servicio, o reciben atención deficiente. Esto quedó al descubierto durante la reciente epidemia.

Francisca Pérez, de 70 años, tenía síntomas de influenza la semana pasada, por lo cual peregrinó por varios hospitales de la Secretaría de Salud y el IMSS, escuchando en casi todos la misma respuesta: “No hay camas, no hay médicos”, hasta que la recibieron en el Hospital Naval del Distrito Federal.

Durante los primeros días de la epidemia, Dayna Sánchez llevó a su hija de cuatro años al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues tenía fiebre y gripe. Tras una hora de espera, la pequeña fue recibida en el área de urgencias, donde la enviaron a consulta externa a solicitar una cita de seguimiento. Dayna la llevó entonces con un médico privado, quien le diagnosticó influenza estacional.

Privatización interminable

El retroceso de la inversión pública en infraestructura de salud y la privatización de los servicios comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid, aseguró Gustavo Leal Fernández, de la UAM; se intensificó con Vicente Fox y continúa con Felipe Calderón, al otorgar a empresas privadas concesiones para operar hospitales regionales de especialidad.

“Con estas empresas se establecen contratos de prestación de servicios por 15 o 25 años. Las empresas construyen los hospitales y prestan los servicios, el gobierno les paga por dar esos servicios”. Esto también ha dejado expuesto al país, sobre todo en contingencias.

Al tiempo que se otorgan dichos contratos, señaló, existe un abandono de la infraestructura de salud pública, que puede constatarse en el caso del IMSS, donde “no se han hecho inversiones en el tercer nivel de atención, y además también ahí se han subrogado servicios a empresas privadas”.

En febrero, organizaciones no gubernamentales presentaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre México donde resaltan que si bien el derecho a la protección de salud se incluye en la Constitución, sólo 61.8% de la población tiene cobertura de las instituciones públicas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió el lunes pasado un informe sobre el sistema de salud en los últimos nueve años, en el que asegura que las denuncias más recurrentes son por carencia de personal médico, tratamientos inadecuados y diagnósticos ineficientes, y que los obstáculos crónicos son la falta de infraestructura hospitalaria y recursos materiales.

José Ángel Córdova, secretario de Salud, ha reconocido que el problema no es cuántos médicos hay, sino cómo están distribuidos. “Tan sólo en la colonia Del Valle, en la ciudad de México, hay 50 médicos por cada mil habitantes, pero en toda la zona metropolitana hay tres médicos por cada mil habitantes”.

Coincide con ello Nancy Pérez García, pues dijo que en el tema de acceso a los servicios de salud es evidente “la desigualdad en el país”. Y se suma el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, según el cual sólo cinco estados (entre ellos Colima, Aguascalientes y Tabasco) cumplen la recomendación de la OMS de contar como mínimo con una cama de hospital por cada mil habitantes.

En cambio Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Morelos son los más rezagados en infraestructura, lo que impacta directamente en los municipios más marginados (la mayoría en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), donde la esperanza de vida para las mujeres es de 51 años, y para los hombres de 49, mientras que el promedio nacional es de 79.9 años y 73 años, respectivamente.

“El Estado no está garantizando un derecho básico como es el de protección a la salud”, concluye la directora ejecutiva de Incide Social. “No estamos preparados para contingencias como la de la influenza. Los datos muestran que no existen la infraestructura ni el personal para poder operar una estrategia de atención. Esto habla de que no se ha hecho una inversión en el área y que el gobierno no asume su responsabilidad. Lo que se ha hecho es tratar de privatizar un derecho humano”.