La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Salud federal a que tome cartas en el asunto de la joven en Guanajuato que fue víctima de violación, a quien se le ha negado su derecho a abortar de forma legal y se le ha amenazado con la cárcel.

El punto de acuerdo fue propuesto este miércoles por el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, y la diputada de ese partido, Maricela Contreras.

El llamado también alcanza al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, de filiación panista, para que en el caso de la joven "N", de cumplimiento al artículo 163 del Código Penal de esa entidad y de manera particular instruya a su personal de salud y autoridades de procuración de justicia para que cumplan con los lineamientos de la NOM-046-SSA2-2005 "Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención", publicada en el diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009.

El pleno exhortó también al gobernador Oliva a intervenir a la mayor brevedad posible para garantizar el acceso y respeto de esa persona, "proporcionándole atención médica especializada para la interrupción legal del embarazo, garantías necesarias en lo que respecta a su integridad y seguridad, además de llevar a la justicia penal a los responsables de la violación".

En tribuna, González Garza dijo que de la información recabada por el Centro "Las Libres", organización social que trabaja a favor de los derechos de las mujeres en esa entidad, se desprende que la joven "N" fue producto de una violación en el mes de diciembre de 2008 y que hace más de mes y medio la víctima denunció la violación ante el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Cenavi) del municipio de Santa Catarina y solicitó apoyo para interrumpir el embarazo.

"Según los testimonios de la víctima recabados por Las Libres, el Cenavi alertó a la joven "N" de que era un delito querer abortar, aunque el embarazo fuera producto de una violación, no obstante puso a la afectada en contacto con el Ministerio Público, reiterando la joven "N" que ella tenía derecho a interrumpir el embarazo y recibiendo la misma respuesta: que era un delito.

"Posteriormente solicitó al hospital de San Luis de la Paz, de la Secretaría de Salud de Guanajuato el servicio de interrumpieran del embarazo, pero también le fue negado, porque se trataba de un delito, a decir de la información consultada. Actualmente, el asunto se encuentra en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, sin que haya respuesta alguna", dijo el perredista en tribuna.

Según la organización internacional Human Rights Watch, desde el año 2000 a la fecha, en Guanajuato, 130 personas han sido procesadas por aborto, entre ellas estudiantes, amas de casa y mujeres trabajadoras que solicitaron atención de urgencia por un problema médico y terminaron detenidas y procesadas por algo que en el resto del mundo se entiende como el simple ejercicio de un derecho elemental.

El Centro "Las Libres" ha documentado del 2000 al 2008 seis casos donde se ha negado el aborto legal a seis mujeres que fueron víctimas de violación.

González Garza advirtió que la falta de acceso a la atención médica especializada, incluido el aborto legal luego de una violación, vulnera los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

"Es inaceptable que en Guanajuato, una mujer a quien la ley otorga derecho al aborto no sólo no sepa que puede recurrir al sistema de salud pública o se le niegue una atención oportuna, sino que además, cuando debe ir a un centro hospitalario público por complicaciones en su salud, se arriesgue a ser detenida".

Esta situación claramente viola los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre todo en casos de violencia extrema como es una violación sexual, manifestó.

Dijo que el caso hace urgente y necesaria la intervención del gobernador del Estado para que ella pueda acceder a sus derechos, proporcionándole atención médica especializada para la interrupción del embarazo, garantías necesarias en lo que respecta a su integridad y seguridad, además de llevar a la justicia penal a los responsables de la violación.

"No debemos permitir que se convierta a la víctima en victimario", pidió.

Es importante mencionar que en el artículo 163 del Código Penal de la entidad se establece como una excluyente de responsabilidad penal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, sin dejar de mencionar el derecho constitucional de toda persona a decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de sus hijos y de diversos ordenamientos internacionales que son vinculatorios para México.

fml