En marzo pasado, Rosa Jiménez, de 45 años, recibió una orden para dejar voluntariamente el país para evitar una deportación forzada, una vez que se canceló su permiso de trabajo y estancia, al terminar de participar como testigo en un juicio por asesinato.

Jiménez era empleada de un restaurante de comidas rápidas junto a Luz María Franco Fierros, de 49 años, quien fue asesinada el 18 de septiembre del 2006 por su compañero, José Luis Rubi Nava, de 38 años, a quien Jiménez también conocía.

Según las autoridades, por una cuestión de celos, Rubi Nava ató a Franco Fierros al paragolpes trasero de su camioneta y la arrastró durante casi dos kilómetros por el pavimento en la localidad de Surrey Ridge Drive, al sur de Denver, hasta causarle la muerte por estrangulación y por masivos golpes en la cabeza.

El 19 de febrero de este año Rubi Nava se declaró culpable del asesinato y fue inmediatamente condenado a cadena perpetua.

Tras la finalización del juicio, Jiménez recibió una llamada de la Oficina Policial de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) pidiéndole que se presentase con sus documentos y su permiso de trabajo en una de las sedes de esa agencia en Denver.

Jiménez fue a la oficina del ICE confiada en que le renovarían sus permisos por un año más, como había sucedido anteriormente, para que ella pudiese continuar trabajando legalmente en el país.

Sin embargo, esos permisos le fueron revocados y a cambio recibió una orden de abandonar el país voluntariamente antes de 90 días o ser arrestada y deportada.

"Sólo quiero que me permitan quedarse suficiente tiempo como para no regresar a México con las manos vacías. Unos cuantos meses, por lo menos hasta octubre. Eso es todo lo que necesito", dijo Jiménez a Efe.

"Espero que tengan consideración de los dos años que le di (a la justicia local) para resolver el caso y para testificar en contra del acusado. Por lo menos ahora voy a estar un tiempo más con mis hijos y mis nietos", agregó.

fml