Un tribunal venezolano ordenó hoy la "privativa de libertad" contra el dirigente opositor Manuel Rosales, porque "ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra".

El Tribunal 19 en funciones de Control de Caracas dijo que la medida también se debió a que Rosales "no ha contribuido con su conducta a la buena administración de Justicia".

El tribunal notificó de esa decisión a la policía judicial venezolana, "al Jefe de la Policía Internacional (Interpol)" y a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería.

En la decisión judicial se explica que "es obligación" del juez "garantizar las resultas del proceso, mediante cualquier medio idóneo para llegar a tal fin".

Añade que "la orden de aprehensión judicial preventiva de libertad es la medida excepcional que ha de aplicarse para garantizar la presencia de un imputado en el proceso que se adelanta en su contra".

Rosales, alcalde de la ciudad de Maracaibo, se encuentra actualmente en Lima y pidió asilo territorial al Gobierno peruano.

La Fiscalía venezolana acusó a Rosales de enriquecimiento ilícito por no haber podido justificar, hasta ahora, la obtención de 147 mil 389.97 bolívares (68 mil 500 dólares) de manera ilícita durante su gestión como gobernador del estado Zulia entre 2002 y 2004.

El tribunal que ha dictado la orden de captura citó a Rosales para el pasado 20 de abril con el fin de que presentara los alegatos contra la denuncia de la Fiscalía, pero no se presentó.

La ausencia del dirigente opositor a esa cita es la que, según el tribunal, ha generado la orden de detención.

El tribunal citó de nuevo a Rosales para el 11 de mayo.

El ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo hoy que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores pronunciarse sobre la situación generada con el Perú tras la petición de asilo de Rosales.

Además, negó que el proceso judicial contra el dirigente opositor Manuel Rosales tenga connotaciones políticas.

"Quiero ser enfático en aclarar que a Rosales se le señala por presuntos delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y negamos que sea un perseguido del Gobierno y que los delitos que se le imputan sean de naturaleza política", dijo El Aissami.

El actual proceso es independiente de otras 26 denuncias en su contra que procesa la Fiscalía relacionadas con la presunta posesión de bienes millonarios tanto en Venezuela, como en el extranjero obtenidos con fondos que no ha podido justificar.

Tanto Rosales como su esposa, Evelyb Trejo, y Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), del que es líder Rosales, aseguran que las acusaciones son montaje para justificar la "persecución política" del alcalde de Maracaibo.

jigh