El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, descartó que pudiera presentarse un problema similar al de Atenco, al presionar al gobierno de Hidalgo para adquirir un terreno de 700 hectáreas para la construcción de la nueva refinería.

El funcionario señaló que por el contrario el proceso con el que se eligió la nueva sede del proyecto evitará que pudiera darse tal acontecimiento debido a que tanto el gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong,  como el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, han tenido conversaciones y acuerdos con las comunidades ejidales y propietarios particulares en los polígonos seleccionados.

En entrevista con Primero Noticias, Reyes Heroles explicó que además, en el caso de Hidalgo existen varios polígonos que pudieran elegirse para construir la refinería, aunado a esto "existe también la alternativa de que si no se materializa en Tula, existe la alternativa de Salamanca que ya es pública y donde se está trabajando".

Además, desestimó que la elección tuviera tintes políticos y enfatizó que sólo se trató de una decisión técnica y económica debidamente fundada.

Aclaró que contrario a las versiones de que ya se sabía que la sede sería Tula, explicó que desde la primera evaluación que se hizo de una serie de localidades y que se envió al Congreso de la Unión a finales de junio de 2008, la ciudad fue la mejor localidad de todas y siempre apareció como la puntera en las evaluaciones de proyecto.

"Tula siempre estuvo punteando, seguida muy de cerca de Salamanca, pero siempre adelante".

El caso Atenco

En 2001, los entonces gobernadores de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, y del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, buscaban la sede de un nuevo aeropuerto.

El gobierno de Vicente Fox se decidió por edificar la nueva terminal aérea en terrenos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Sin embargo, la oferta que realizó Montiel por los terrenos inconformó a los ejidatarios atenquenses y desató uno de los peores conflictos sociales del sexenio anterior.

El 1 de agosto de 2002 el gobierno federal dio marcha atrás y anunció la cancelación de la que habría sido la mayor obra de infraestructura de la administración foxista.

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