Los ex presidentes con procesos judiciales abiertos en América Latina son muchos, pero pocos los condenados y muchos menos los que efectivamente han ido a parar a una cárcel.

Entre estos últimos está el peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que hoy se convirtió en el primer ex presidente latinoamericano elegido en las urnas que es condenado por violaciones de los derechos humanos, concretamente por dos matanzas perpetradas por un grupo paramilitar y los secuestros de un periodista y un empresario.

Fujimori ya cumplía una pena de seis años de cárcel por allanamiento de morada, aunque el lugar donde está recluido dista mucho de ser el prototipo de los presidios latinoamericanos.

En cualquier caso se augura una larga batalla de recursos y apelaciones hasta agotar todas las instancias judiciales, como ha sido una constante en los juicios a ex gobernantes latinoamericanos, que además se han beneficiado de amnistías, absoluciones, sobreseimientos, indultos o simplemente archivo de sus causas.

El ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) fue condenado en 1987 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito, pero tiempo después fue declarado "no culpable" por la justicia, luego de que el mandatario Hipólito Mejía, en nombre del Estado, desistiera de las acusaciones en su contra.

El ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), que en 1993 fue condenado en ausencia a más de 200 años de prisión, no ha contado con ese tipo de ayuda. Está preso desde el 15 de marzo de 1995, cuando llegó extraditado desde Brasil.

El ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) murió en 2006 procesado pero no condenado. Tenía abiertos juicios por el origen de su fortuna, por fraude tributario y uso de pasaportes falsos, y por algunos casos de encubrimiento de la desaparición de opositores.

Otro militar y ex dictador, el argentino Rafael Videla (1978-1981), enfrenta procesos nuevamente y está preso en un cuartel cercano a Buenos Aires, tras haber sido indultado en 1990 de la condena a reclusión perpetua que recibió en 1985.

El indulto se lo concedió el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), quien desde que dejó el poder ha tenido que vérselas con fiscales y jueces, y estuvo privado de libertad en una casa de campo varios meses por un caso de contrabando de armas.

El 23 de marzo un juez agregó un nuevo procesamiento a la lista de Menem, esta vez por presuntas irregularidades en un contrato de concesión del espacio radioeléctrico.

Por violaciones de los derechos humanos están actualmente procesados dos ex presidentes uruguayos, Gregorio Álvarez (1981) y Juan María Bordaberry (1972-1976), el primero encarcelado y el segundo en detención domiciliaria.

En México, aunque han sido juzgados varios ex presidentes mexicanos, ninguno resultó condenado.

El que más cerca estuvo de la condena fue Luis Echeverría (1970-1976), que acaba de ser exonerado definitivamente del delito de genocidio por una matanza de estudiantes ocurrida en 1968.

El brasileño Fernando Collor de Mello (1990-1992) dimitió por acusaciones de corrupción y fue inhabilitado por el Senado para ejercer cargos públicos hasta el 2001, pero la Corte Suprema lo absolvió en 1994 por falta de pruebas.

El venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), destituido por acusaciones de malversación, fue condenado en 1996 a dos años y cuatro meses de cárcel, pero la pena la cumplió en su domicilio en razón de que tenía más de 74 años.

El boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue presidente de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, es solicitado a EU en extradición por las autoridades bolivianas por genocidio. Además, está procesado por la firma de contratos presuntamente ilegales.

Aunque no fue presidente sino "hombre fuerte" de Panamá, el caso de Manuel Antonio Noriega es destacable por haber sido juzgado y condenado en Francia (en ausencia), Estados Unidos y en su país (en ausencia) por delitos relacionados con el narcotráfico, pero también por asesinatos de opositores.

Cumplió ya una condena de 20 años en Estados Unidos y ahora está pendiente de extradición a Francia, aunque es reclamado también por Panamá.

En Paraguay, Luis Ángel González Mácchi (1999-2003) fue condenado de ocho y seis años de cárcel en dos causas por corrupción, pero en la apelación una fue sobreseída y de la otra fue absuelto.

Otro ex presidente paraguayo, Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), fue sobreseído en 2007 por la Corte Suprema de una condena de cuatro años por irregularidades en una operación de auxilio financiero.

Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de Nicaragua de 1997 a 2002, fue condenado a 20 años de cárcel en 2003 por fraude contra el Estado y otros cargos de corrupción, pero la justicia le autorizó a no ir a la cárcel por estar enfermo y a la vez a moverse por todo el país.

En enero pasado, una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le liberó de todos los cargos.

En Costa Rica está siendo juzgado Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y espera juicio Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), ambos por casos de corrupción.

El hondureño Rafael Callejas (1990-1994) fue acusado también de corrupción, pero se sobreseyeron las acusaciones.

El colombiano Ernesto Samper (1994-1998), acusado de haber recibido dinero del narcotráfico durante la campaña electoral, no llegó a estar procesado pero sí tuvo una investigación parlamentaria, de la cual salió libre de culpa.

En Ecuador son varios los ex presidentes procesados, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero y Lucio Gutiérrez, entre ellos, pero ninguno ha sido condenado.

jigh