La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó no atraer, para su resolución, un juicio de amparo en el que está en juego decidir si los elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad y en el combate al crimen organizado, y que cometen delitos, deben ser juzgados por tribunales civiles y no por tribunales militares, como actualmente ocurre en México.

Los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal decidieron no intervenir en el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares, que los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la que fueron baleados no portaban ni armas ni droga, en marzo del año pasado, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De manera unánime los ministros de dicha sala acordaron dejar la resolución definitiva del juicio en manos de los magistrados de un tribunal federal de menor jerarquía, con sede en Sinaloa, por considerar que este asunto no reune los requisitos de trascendencia e importancia que se requieren para que la Corte atraiga un asunto para su resolución.

En el caso en cuestión, en su calidad de víctima, la esposa del joven asesinado impugnó el hecho de que los presuntos homicidas de su difunto marido y de sus acompañantes sean juzgados por la justicia militar, por considerar que no será imparcial a la hora de dictarles sentencia.

La demanda de amparo la promovió con el apoyo jurídico que le proporcionaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y la asociación civil Fundar, quienes fincaron en este caso sus esperanzas de que los militares que cometen delitos como parte de las tareas de seguridad que realizan sean investigados y juzgados por autoridades civiles.

Dichas organizaciones buscan que se declare inconstitucional el que los militares sean juzgados por tribunales civiles por delitos que cometen al ejercer tareas de seguridad, porque esta medida viola diversas garantías protegidas por la Constitución y porque va en contra de varias decisiones que adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que ha determinado que "la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada solo para delitos de función, es decir, conductas de los militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses".

grg